WASHINGTON, Estados Unidos, 4 de agosto de 2026. – Un grupo de 25 Estados de Estados Unidos gobernados por demócratas, presentó una demanda contra los aranceles impuestos nuevamente por Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos recién aprobó una nueva remesa de gravámenes comerciales de entre el 10% y el 12,5% a más de 90 países, argumentando que incumplían la normativa relativa a trabajos forzosos.
En realidad, el mandatario republicano evitaba un vacío legal porque el arancel universal que estaba vigente hasta entonces iba a caducar, por eso buscó un camino legal que encontró en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, para dar fundamento a la nueva respuesta comercial.
Un grupo de pequeñas empresas demandó a la Administración Trump tras la entrada en vigor de los nuevos gravámenes, donde exponen que el gobierno no puede mantener una política arancelaria global predeterminada simplemente cambiando de una ley a otra, aseguró Liberty Justice Center, organización que representa a las pequeñas compañías ante los tribunales.
Los Estados que originan las demandas son la mitad del país: Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin. Todos presentaron formalmente la demanda este lunes ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan.
La demanda acusa al presidente republicano y su gobierno, de usar ilegalmente la Sección 301 para reemplazar aranceles anteriores, que anuló el Tribunal Supremo del país o que ya habían expirado.
Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la Administración intenta aumentar otra vez, en forma ilegal, los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James hechas a la agencia Bloomberg.
“Por mucho que la Administración intente justificarlo, la ley y nuestra Constitución son claras: el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país que se le antoje”, sostuvo.
Trump trata de reconstruir su muro arancelario con el muro arancelario a 60 economías, incluyendo a la Unión Europea, tras el revés que le impuso el Tribunal al iniciar este año.
La Corte consideró inconstitucionales los aranceles recíprocos que aprobó en abril de 2025 a todos sus socios comerciales, con el pretexto de resolver el déficit comercial crónico que sufre Estados Unidos.
Tras perder ante el Tribunal Supremo, Trump aprobó un arancel universal de 10%, pero solo vigente 150 días, y requería el aval del Congreso para prorrogarlo. Ante la incapacidad de conseguir el visto bueno del Capitolio a esta medida de política comercial, la Administración Trump ideó otra vía antes de que el arancel universal decayera. Encontró la solución en el Artículo 301, que exige investigaciones de la Autoridad de Comercio Exterior de Estados Unidos.
Este organismo abrió dos investigaciones: una a 60 economías por no haber tomado suficientes medidas para controlar importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Esta es la que aprobó el pasado 24 de julio y es la que ha sido recurrida ante los tribunales por un grupo de pequeñas empresas y los 25 estados demócratas.
La otra, a 16 países a los que acusa de sobreproducción, práctica que reduce los precios y perjudica a productores nacionales. Esta investigación no ha concluido.



