Río de Janeiro, 30 de octubre de 2025.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó una investigación inmediata, independiente y efectiva sobre la operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, Brasil, que dejó un saldo oficial de 121 personas muertas, aunque diversas fuentes estiman que la cifra podría ser mayor. La incursión se realizó en las comunidades del Complejo del Alemão y el Complejo de la Penha para cumplir cerca de 100 órdenes judiciales contra presuntos miembros del crimen organizado.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó estar “extremadamente preocupado” por la magnitud de las muertes y subrayó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe ajustarse a las leyes internacionales de derechos humanos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó también una reforma integral de los métodos policiales en Brasil, señalando que el país debe “romper el ciclo de brutalidad extrema” y garantizar que las operaciones de seguridad pública cumplan con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

Türk reconoció los desafíos de enfrentar a grupos criminales violentos como el Comando Rojo, pero cuestionó que las operaciones policiales “resulten en tantas muertes, afectando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente”. Además, afirmó que la “alta letalidad policial ha sido normalizada” durante décadas, especialmente en Río de Janeiro.

El funcionario destacó la necesidad de abordar el racismo sistémico en las fuerzas de seguridad y de “poner fin a un sistema que perpetúa la discriminación y la injusticia”. Según el Mecanismo Internacional Independiente de Expertos para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, se estima que 5 mil afrodescendientes mueren cada año en Brasil a manos de la policía, siendo los jóvenes negros de áreas empobrecidas los más afectados.

Durante la operación, además de los 121 fallecidos, se reportaron cuatro policías muertos y 81 personas detenidas, mientras que residentes de la zona trasladaron decenas de cuerpos hacia la plaza São Lucas, en el norte de Río de Janeiro.

La ONU reiteró su llamado a las autoridades brasileñas para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en futuras acciones de seguridad.