CD. DE MÉXICO, 15 de mayo de 2026. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La medida también alcanza a sus hijos, al senador Enrique Inzunza Cázares y a otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en investigaciones abiertas en una Corte de Nueva York.
El paso ya fue notificado al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Según el Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de mayo, las instituciones financieras del país deben suspender operaciones y congelar activos relacionados con los implicados incluidos en la lista de personas bloqueadas del sistema SITI PLD/FT de la CNBV.
La disposición contempla el bloqueo inmediato de cuentas bancarias pertenecientes al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya; sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz; así como del senador Enrique Inzunza Cázares y otros funcionarios estatales, municipales y mandos de seguridad.
La lista de nombres divulgada incluye al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y exmandos policiacos, señalados en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de protección al grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.
Las acusaciones fueron integradas en procesos judiciales iniciados en una Corte de Nueva York, donde fiscales federales estadounidenses solicitaron órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los involucrados.
Las investigaciones apuntan a una presunta red de protección política, financiera y policial que habría facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de presuntos mecanismos de filtración de información sobre operativos de seguridad y protección institucional al grupo criminal.
No hay confirmación sobre órdenes de captura ejecutadas contra los señalados, pero se avanzó con medidas financieras mediante la UIF y la CNBV, por las cuales instituciones bancarias restringen cualquier movimiento relacionado con las personas bloqueadas.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier procedimiento de extradición deberá apegarse a los mecanismos legales vigentes y a los acuerdos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
El caso ocurre en medio de una creciente presión bilateral en materia de combate al narcotráfico y cooperación judicial entre ambos países. Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras autoridades financieras mantienen activo el proceso de congelar cuentas y supervisar operaciones relacionadas con los implicados.



