CD. DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2026. – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció sin detallar nombres, el bloqueo de las cuentas bancarias de 40 personas y empresas, por estar “vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.
La inclusión se dio a través del acuerdo UIF/110/G/4141/2026 y en esa lista, además de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, aparecen Taddei y familiares, altos exdirectivos del INE y hasta la persona que fungió como chofer de la expresidenta consejera.
Son sospechosos de participar en presuntos esquemas de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual debe ser deslindado por las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Incluir a personas en estas listas es medida preventiva, no prejuzga culpabilidad, indicó la SHCP, pero los bancos y demás instituciones del sistema financiero están obligados a inmovilizar las cuentas a nombre de las personas físicas y morales incluidas, hasta que por acuerdo sean desbloqueadas, si es el caso.
Entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas está la hoy exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien el 26 de octubre entregó a la Cámara de Diputados su renuncia, en medio del escándalo y denuncias por vínculos con proveedores del propio INE.
En la lista figuran además dos familiares: Humberto Taddei Zavala, quien fue subdirector de Evaluación de Telemax, la televisión pública del estado de Sonora, y Luis Rogelio Piñeda Taddei, uno de los 3 hijos de Guadalupe Taddei y a quien el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, nombró en 2025 titular de la Consejería Jurídica del Estado y poco después lo hizo su secretario particular del gobernador.
En el acuerdo de bloqueo de la UIF figuran ocho personas que se desempeñaron en diversos cargos dentro del Instituto Nacional Electoral, principalmente durante el periodo de Guadalupe Taddei. La mayoría de ellos ya renunciaron a sus cargos.
Entre ellos está Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE y a l vez apoderado legal de las empresas proveedoras del instituto, Cajas Graf y Corporativo Zeg, de los hermanos Hernández Casillas.
Luis Alberto Bustamante Canizales, originario de Sonora y “Líder de Proyecto” dentro del INE, persona cercana a Guadalupe Taddei desde que ella se desempeñó al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE Sonora).
Ema Patricia García Rodríguez, Directora de Recursos Financieros del INE, quien asistió a fiestas y eventos organizados por José Alfredo Hernández Casillas a las que también asistía Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
También aparecen Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios del INE y José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática del INE.
De igual forma fueron bloqueadas las cuentas de Jonathan Navarrete Torres, chofer y asesor de la oficina de Taddei en el INE. Al mismo tiempo, Navarrete era apoderado de la empresa Corporativo Zeg, con facultades para operar sus cuentas bancarias.
Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, director de Coordinación y Análisis del INE en el periodo de Lorenzo Córdova al frente de ese instituto, quien también tenía poderes legales de las empresas de Hernández y quien era investigado por recibir transferencias de las empresas proveedoras.
También fueron bloqueadas del sistema financiero las cuentas de particulares y empresas que se presume participaron en la red de posible corrupción y lavado de dinero vinculada con contratos electorales.
Figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que en dos décadas obtuvieron contratos por más de 2,500 millones de pesos tanto a nivel federal, así como con organismos electorales locales.
Se acusa a dichos hermanos de constituir una red de empresas proveedoras para lograr contratos utilizando mecanismos como la simulación de competencia o el tráfico de influencias.
Con las de los Hernández, fueron bloqueadas cuentas de personas presuntos accionistas, socios, apoderados o representantes de las distintas empresas, entre ellos, Alejandro Olaya Ortiz, César Rodríguez Ureña, María Margarita Carranza Sordo, Gerardo Fernández Parra, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Andrés Hernández Rocha, Fernando Fernández Parra, José Antonio Carranza Sordo y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. Entre las empresas fueron bloqueadas figuran Cajas Graf, S.A. de C.V., Operadora de Maquinaria y Equipos, S.A. de C.V., Bama Productos, S.A. de C.V., TOL Producciones, S.A. de C.V., Desarrollos Praedio, S.A. de C.V., Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., Corporativo Zeg, S.A. de C.V., Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Aprocel, S.A. de C.V., entre otras.



