CD. DE MÉXICO, 4 de marzo de 2026. – El diputado del Partido del Trabajo, José Luis Sánchez González, propuso gravar grandes fortunas a partir de 100 millones de pesos netos.

La propuesta fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria y propone modificaciones a los artículos 142 y 146 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer que, tratándose de los ingresos que generen acumulación de riqueza, se establecerá un impuesto sobre los patrimonios. El impuesto se cobrará al término de cada año fiscal a las personas físicas residentes en México y en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

La iniciativa define como patrimonio neto la suma del valor de los activos del contribuyente, menos el monto de deudas y pasivos, que incluye bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones, aeronaves y de cualquier otro tipo, así como acciones, participaciones en sociedad y cualquier otra entidad financiera, depósitos bancarios, inversiones, derechos, títulos, cualquier otro tipo de valores, obras de arte, joyas y demás bienes.

Para fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos, la tasa anual aplicable será de 1.5%; de 500 a mil millones sería de 2.5% y, para fortuna superior a mil millones, de 3.5%.

La propuesta indica que la recaudación por esta contribución será íntegramente para crear el Fondo de Justicia Social, enfocado a reducir la pobreza, atención de grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente, garantizar la educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además del acceso a vivienda digna y ciudades justas.

Establece como sanción para quienes incumplan con estas disposiciones una multa equivalente al doble de la contribución no realizada y la responsabilidad aplicable en los términos del Código Penal de la Federación.

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que en México existe una desigualdad económica severa, ya que, 1% de la población concentra alrededor del 30% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre accede a menos del 5%.

Sánchez González acusa que es gracias a la influencia que mantienen los detentores del poder económico sobre los responsables del poder político es que persisten estas desigualdades a través de la implementación de políticas públicas encaminadas a mantener la desigualdad.

Agrega que en el sistema tributario actual hay una excesiva imposición de impuestos sobre el consumo y los ingresos laborales, pero una mínima tributación obtenida por quienes detentan la riqueza acumulada y las rentas del capital, lo que erosiona la capacidad económica del Estado.

Reconoce que pese a los esfuerzos por combatir estos “vicios de corrupción” con medidas como la prohibición de la condonación y el combate a la evasión fiscal, aún persisten retos, dado que estas prácticas se encuentran enquistadas en el sistema tributario. De acuerdo con el petista, estimaciones del SAT y encuestas de riqueza sugieren que menos del 0.1% de la población estaría sujeta a esta contribución, con una recaudación potencial de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales.