CD. DE MÉXICO. – 18 DE ABRI LDE 2026. – Más de 90 mil jubilados de empresas estatales enfrentarán recortes de hasta 60% en sus pensiones, cuando entre en vigor la reforma constitucional que fija un tope a estos pagos con recursos públicos.
Distintas organizaciones que los agrupan anunciaron acciones legales y movilizaciones en el país, para impedir los efectos de la reforma constitucional publicada el 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que modifica el Artículo 127 para establecer límite a las pensiones financiadas con recursos públicos, que no podrán exceder el 50% del salario de la Presidencia de la República, equivalente a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La Alianza Nacional de Jubilados señaló que la medida impactaría a más de 93 mil extrabajadores de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banobras y la Compañía Luz y Fuerza del Centro, con reducciones de hasta 60%, según el nivel jerárquico.
Ante ello, más de 2 mil jubilados de 29 entidades marcharon por Paseo de la Reforma para exigir la suspensión de la reforma y el respeto a sus derechos adquiridos; representantes del movimiento señalaron que el cambio vulnera el principio de no retroactividad establecido en la Constitución, al modificar condiciones pactadas al momento del retiro.
Anunciaron una estrategia legal que contempla la presentación de amparos, así como gestiones ante legisladores y organismos nacionales e internacionales.
La reforma impulsada por el gobierno federal busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” y reducir el gasto público en este rubro. Estima que con este paso ahorraría casi 5 mil millones de pesos anuales. No obstante, su posible aplicación a pensiones ya otorgadas ha generado un nuevo frente de disputa jurídica. Los jubilados advirtieron que la medida sentaría un precedente para otros trabajadores del sector público, al introducir cambios en esquemas previamente establecidos, por lo cual el conflicto se perfila hacia los tribunales, donde se determinará el alcance de la reforma y si su aplicación a pensiones vigentes es compatible con el marco constitucional.



