CD. DE MÉXICO, 25 de abril de 2026. – La muerte de dos presuntos agentes de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos (CIA) en Chihuahua, provocó cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense en México y reacciones entre los gobiernos de ambos países.
El fallecimiento de dos agentes vinculados a la CIA en un accidente en la sierra entre Chihuahua y Sinaloa, detona el debate sobre la cooperación en materia de seguridad entre ambos países y sobre los protocolos que regulan la actuación de personal extranjero en territorio nacional.
Información confirmada por fuentes estadounidenses indica que los agentes murieron el domingo junto a dos integrantes de la fiscalía estatal, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco tras un operativo relacionado con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la región.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la participación de agentes extranjeros en este tipo de acciones debe ser autorizada por el gobierno federal, y en este caso no había conocimiento previo. Indicó que se analiza la posibilidad de sanciones a autoridades locales por lo ocurrido.
En ese contexto, el gobierno mexicano envió una comunicación diplomática para solicitar información al respecto, al tiempo que se prevé un diálogo con autoridades estatales de Chihuahua para esclarecer los hechos.
Desde Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió mayor empatía tras la muerte de los ciudadanos estadounidenses y destacó la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas.
Sin embargo, la versión sobre la participación de los agentes presenta inconsistencias. Mientras autoridades estatales señalaron inicialmente que formaban parte del operativo, más tarde indicaron que se integraron después de la acción.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que la legislación mexicana no permite la participación directa de agentes extranjeros en operativos.
El caso ocurre en un contexto en el que México mantiene vigente una normativa que obliga a agentes extranjeros a informar sus actividades a las autoridades federales. Esta regulación fue fortalecida durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y continúa aplicándose.
El Senado de la República solicitó la comparecencia de autoridades estatales para explicar lo sucedido, mientras continúan las investigaciones sobre el operativo y la presencia de personal extranjero. El debate se eleva sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos y coloca en el centro, la aplicación de los acuerdos bilaterales en materia de soberanía y combate al crimen organizado.



