Queman 7 pipas de gas LP en ataque con bombas molotov

CHIHUAHUA, Chih., 8 de marzo de 2026. – La Coordinación Municipal de Protección Civil de Aldama y de la Fiscalía General del Estado, confirmaron un ataque a las 23:30 horas del viernes, en instalaciones de la empresa Gas Noble, en el fraccionamiento Álamos, donde sujetos armados ingresaron al predio y lanzaron bombas molotov contra los vehículos estacionados, cada uno con capacidad para 4,500 litros de gas LP.

Las llamas se propagaron y el fuego pudo ser controlado casi 5 horas después. Pese a la magnitud del siniestro no hubo víctimas, aunque 7 pipas fueron calcinadas y una sufrió daños parciales.

El ataque desató una movilización de Bomberos, Policía Municipal, Protección Civil de Aldama y de la ciudad de Chihuahua, así como efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército, para evitar una tragedia mayor. Unos 400 habitantes del fraccionamiento Álamos debieron evacuar sus viviendas, ya que se encuentran a escasos 100 metros del lugar del siniestro.

La Fiscalía dijo que el incendio se relaciona con una disputa entre grupos criminales por el control del corredor Aldama-Coyame-Ojinaga, que conecta con la frontera de Presidio, Texas, el cual históricamente se ha utilizado para el trasiego de drogas, armas y hoy el control de combustibles.

Sin embargo, la autoridad no dio detalles de esa vinculación y aceptó que hasta el momento no hay personas detenidas por este ataque.

Vecinos del lugar, por su parte, alzaron la voz contra la empresa afectada, denunciando que Gas Noble se instaló el año pasado sin contar con los permisos federales, estatales ni municipales necesarios para operar, cerca de las viviendas.

Señalaron directamente a Protección Civil de Aldama y a la Coordinación Estatal de Protección Civil por permitir esta situación, pese al riesgo que representa para la población una estación de almacenamiento de gas LP en medio de una zona habitacional. De confirmarse las denuncias de los vecinos, la gasera podría enfrentar sanciones administrativas, clausura temporal o definitiva, e incluso responsabilidades penales por operar sin permisos y poner en riesgo a la comunidad.

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