+ La ONU también afirma que ésta permanece impune GINEBRA, Suiza, Marzo 9 de 2015.- El relator especial de la ONU, Juan Méndez, presentó las conclusiones de su visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y acusó que México ha dado pasos para salvaguardar contra la tortura, pero el problema en la práctica sigue siendo «generalizado», debido a la impunidad imperante.

«La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento», alertó al

Recomendar a las autoridades «reconocer públicamente la dimensión de la impunidad» y enviar «enérgicos mensajes públicos» a todos los funcionarios en los cuales advierta que toda tortura y maltrato será «seriamente investigado y castigado».

El informe describe la situación en México y plantea sus recomendaciones, como expresa su «extrema preocupación» por el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En un texto dado a conocer por la organización internacional, cita que «la inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al Gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura».

Tortura y malos tratos, incluida la de tipo sexual, ocurren en México, cita el documento dado a conocer, en momentos que siguen a la detención de una persona y antes de ponerlo a disposición de un juez.

«Generalmente, la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces», denunció el relator.

Revela que se ha registrado una disminución de quejas por violaciones a los derechos humanos, pero no hay un registro fehaciente del número de casos de tortura y «la militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia».

Advirtió que más de 32 mil militares en tareas propias de corporaciones civiles y la creación de una Gendarmería con entrenamiento militar, «compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos».

El informe indica también aumento en denuncias por abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y contra periodistas o defensores de derechos humanos, “lo que no ha sido acompañado de investigaciones efectivas».

Méndez concluye en su informe que el derecho a la reparación de daño a las víctimas es «ilusorio» y que el alto número de denuncias y testimonios recogidos «no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad».

México lo rechaza

La intervención de Juan Méndez motivó que el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, expresara que la afirmación de que la tortura es generalizada es una falacia, una denuncia que «no se corresponde con la realidad ni con el resto del contenido del informe», y pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes «en la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista».

El representante mexicano explicó modificaciones legales y proyectos legislativos que pretenden ajustar las normas mexicanas relacionadas con la violación de los derechos humanos a la ley internacional, aunque su discurso fue interrumpido por excederse en tiempo.