Trabajadores del INE denuncian red de corrupción y cuotas salariales desde 2023

CD. DE MÉXICO, 28 de octubre de 2026. – Trabajadores y excolaboradores del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que existía una red de extorsión y prácticas irregulares en el organismo electoral desde 2023.

Pero las denuncias no se concretan a contratos asignados sin licitación o simulación de estas obligaciones, pues se extienden a exigencias de dinero en efectivo de sus salarios, contabilidad paralela y represalias administrativas contra quien negara.

El diario Excélsior reveló hoy testimonios retomados por otros medios, y la reportera a cargo, Autora Zepeda, aceptó dar una conferencia en las propias instalaciones del órgano electoral, donde afirmó que “si ya se destapó la cloaca, creo que tiene que salir toda la cochinada”, al tiempo que instó al personal afectado a acudir formalmente ante las instancias correspondientes para interponer denuncias legales, pues hasta hoy todo se ha mantenido en el ámbito testimonial.

Lo expuesto revela una estructura interna operada vía coerción contra la plantilla laboral, en el caso del cobro de cuotas obligatorias a empleados, quienes debían entregar parte de su sueldo en efectivo o transferir a cuentas bancarias privadas a cambio de conservar sus puestos.

A la par del cobro de cuotas, se les exigió llevar una contabilidad paralela, ajena al registro oficial del organismo. Quienes rechazaron esta indicación enfrentaron procedimientos administrativos formalizados mediante denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) o fueron despedidos.

El ambiente de presión y las exigencias fuera de la ley detonaron una ola de salidas voluntarias en la institución. Según datos confirmados por la periodista, hubo unas 900 renuncias en el INE solo en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2023, de funcionarios que prefirieron dimitir antes que ceder a los cobros o incurrir en actos ilícitos.

Las revelaciones emergen tras renunciar Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del INE, cuya gestión abarcó de 2023 a 2026 y hoy es se marca por irregularidades y señalamientos de desmantelamiento institucional.

Tras la dimisión de Taddei, el Consejo designó a Blanca Cruz como consejera presidenta para una transición que se desarrolla en un contexto de alta tensión interna y se acentúa por declaraciones públicas de la consejera Rita Bell López, quien denunció haber recibido amenazas de personas vinculadas al equipo de la expresidenta y hoy teme por su integridad física. Las acusaciones formuladas por los extrabajadores no han generado carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República o instancias judiciales. El llamado de los comunicadores y sectores internos se centra en que los afectados formalicen sus testimonios y que las autoridades determinen las responsabilidades legales correspondientes.

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