Van contra Meta 29 fiscales de EEUU; la señalan por mentir sobre la seguridad de Instagram y Facebook 

WASHINGTON, 18 de agosto de 2026. – Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en el creciente escrutinio contra las redes sociales con un juicio histórico contra Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram. 

Se señala a la empresa por acusaciones de que engañó al público sobre los riesgos de sus plataformas para usuarios jóvenes y violó leyes de privacidad infantil. 

La disputa comenzó antes de que iniciaran los argumentos del juicio. Un grupo bipartidista de 29 fiscales generales estatales buscó presentar reclamaciones en un solo procedimiento, mientras Meta defendió que los casos debían dividirse en varios juicios que agruparan a los estados con legislaciones similares. 

Para los estados, la posibilidad de actuar conjuntamente resulta fundamental. Argumentan que las decisiones cuestionadas fueron tomadas a nivel corporativo y tuvieron efectos sobre jóvenes usuarios en todo el país, por lo que un solo juicio permitiría presentar una historia común sobre las prácticas de Meta. 

La empresa, en cambio, sostuvo que las leyes de protección al consumidor varían entre los estados y que un procedimiento conjunto podría dificultar que un jurado analizara las particularidades de cada reclamación. 

La jueza federal Yvonne González Rogers optó por una solución intermedia. Durante el juicio, que se extenderá por varias semanas, Colorado, California, Kentucky y Nueva Jersey podrán presentar conjuntamente sus reclamaciones basadas en leyes estatales. Las demandas federales presentadas por los estados se considerarán dentro del mismo proceso. 

Aunque será Rogers quien tome la decisión final, la jueza nombró un jurado consultivo cuyas conclusiones podrían influir en su resolución. 

El resultado tendría consecuencias más allá de los estados que participan directamente en esta etapa. Podría servir como referencia para resolver reclamaciones de otras entidades y determinar si Meta debe modificar la manera de operar de Facebook e Instagram. 

La compañía podría enfrentar multas por miles de millones de dólares, dependiendo de las conclusiones del proceso. 

La demanda, presentada en 2023 después de una investigación coordinada de varios estados, sostiene que Meta diseñó deliberadamente determinadas funciones de Instagram y Facebook para mantener a los jóvenes utilizando sus plataformas mientras transmitía al público la idea de que eran seguras. 

Los fiscales generales consideran que esa conducta viola leyes estatales de protección al consumidor. 

Una parte de los estados también presentó reclamaciones bajo la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), argumentando que Meta recopiló información personal de usuarios jóvenes sin obtener el consentimiento requerido de sus padres. 

Meta ha rechazado las acusaciones y sostiene que carecen de fundamento. La empresa también defendió las medidas que, asegura, implementa para proteger a los adolescentes que utilizan sus servicios. 

Expertos legales consideran que la decisión de los fiscales generales de actuar como coalición puede fortalecer su posición frente a una empresa con enormes recursos financieros. 

Prentiss Cox, exfiscal general adjunta de Minnesota y profesora de Derecho en la Universidad de Minnesota, señaló que la participación conjunta de estados puede proyectar una imagen de unidad y permitir que fiscales de distintas corrientes políticas coincidan en la necesidad de abordar un problema. 

Los fiscales generales estatales recurrieron a coaliciones similares en litigios contra la industria tabacalera y farmacéutica, particularmente durante las disputas relacionadas con el consumo de tabaco y la crisis de opioides. 

El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, calificó el proceso como la mayor demanda de protección al consumidor en la historia de Estados Unidos y defendió la decisión de los estados de actuar coordinadamente. 

El juicio podría convertirse así en uno de los casos más relevantes sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales frente a los usuarios menores de edad y establecer nuevos límites para la forma en que las empresas tecnológicas recopilan datos y diseñan sus productos para atraer y retener a los jóvenes.

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