MEXICALI, B.C., 11 de septiembre de 2024. – Al menos 9 servidores públicos y particulares han sido vinculadas a proceso como involucrados en el fraude de la fotovoltaica perpetrado durante el mandato del exgobernador Jaime Bonilla.

El consejero jurídico del gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, dijo que, de esas 9 personas, 8 recibieron autos de formal apertura a juicio, 5 ex servidores públicos y 3 particulares, señalados por uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares y peculado. Se les vinculó también por el delito de abuso de autoridad.

Compartió que este miércoles el ex gobernador debe comparecer ante la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, para continuar con el proceso.

Se trata del proceso por el tema de la planta fotovoltaica suspendido mientras el exgobernador Bonilla disfrutaba el fuero que le concede ser Senador de la República, pero se le acabó y se reanudó el juicio pendiente para aclarar el destino de “miles de millones de pesos”.

Hoy, la banca sigue cobrando 4,500 millones, pero la cifra se ha ahorrado con todas las acciones legales interpuestas a favor del pueblo de Baja California. La banca involucrada promovió un amparo recientemente con el propósito de lograr el cobro, pero la gobernadora María del Pilar Olmeda cuestionó, “háganme el favor, quieren que les paguemos con recursos públicos a un banco con las aportaciones federales”.

Explicó que Bonilla y sus funcionarios se comprometieron a construir una planta fotovoltaica contratada por el Gobierno del Estado sin la autorización del gobierno federal, único facultado y competente para construir ese tipo de desarrollos.

La propia ex secretaría de Energía, Rocío Nale, les envió un comunicado y no hicieron caso, el exgobernador hizo ese contrato donde comprometió las participaciones federales “aun y cuando no se construya la planta fotovoltaica”.

El Estado no pagará esos más de 4,500 millones, pero también recuperará 123 millones que ya se habían entregado por lo que se considera una ilegalidad en quebranto de las finanzas públicas.