Piden cese de directivo del IPN

CD. DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2025. – Por corrupción en contratos en el ISSSTE y en el IPN, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración en la institución educativa.

Santoyo es investigado por irregularidades en contrataciones de servicios de limpieza en el IPN y de compra de productos médicos en su paso por el ISSSTE, donde fue tesorero.

Habría obtenido recursos financieros que no fueron declarados como prevé la ley, por lo cual se pidió al director del Instituto Político Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, suspenderlo de inmediato.

En el IPN, el funcionario otorgó un contrato de 2,500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada como parte del llamado “cártel de la limpieza”, por sus numerosos contratos en el servicio público. Hace poco más de una semana, personal de limpieza del Instituto realizó protestas por la falta de pagos oportunos.

La investigación abarca operaciones realizadas entre 2019 y 2022, cuando Tapia era tesorero del ISSSTE y recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de dos empresas con las que tiene relación: Human Mobile Systems y Labi Scientific.

Como tesorero del ISSSTE, Tapia Santoyo otorgó recursos públicos para insumos médicos a una red de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que obtuvo más de 1,600 millones de pesos, y en el caso del contrato de servicios de limpieza en el IPN, es acusado de obstaculizar a posibles proveedores en la licitación, dirigiendo a la adjudicación a una empresa específica y otorgando el contrato en forma plurianual, de 2025 a 2028, por 2 mil millones de pesos.

Por esos hechos, el sistema de denuncias advierte enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.

Se precisa que la Secretaría Administrativa del Politécnico fungió en dicha operación como área requiriente y Javier Tapia como el titular responsable. Además de la suspensión, la Secretaría Anticorrupción ordenó quitarle el acceso a su cuenta de correo institucional y a todas las cuentas de sistemas institucionales a las que podía ingresar, así como al uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales.

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