CD. DE MÉXICO, 1 de agosto de 2025. – Tras su inminente liberación, Israel Vallarta Cisneros ahora está en la discusión sobre quién debe compensarlo económicamente por haberlo mantenido preso casi 20 años sin una sentencia firme.

Su aprehensión, se recuerda, se originó en un montaje televisado en 2005 que muestra graves violaciones al debido proceso, lo cual puso en la mira al sistema judicial y el mal uso de la prisión preventiva en México.

Israel Vallarta fue arrestado en diciembre de 2005 en el famoso operativo de “Las Chinitas”, presentado por Televisa como si ocurriera en tiempo real, pero solo se trató de una simulación ordenada por autoridades federales.

Mientras la ciudadana francesa Florence Cassez fue liberada en 2013 por una resolución de la Suprema Corte, al reconocer un proceso viciado, Vallarta permaneció preso en el Altiplano, sin sentencia ni fecha de juicio. Este 2025, una jueza federal lo absolvió por falta de pruebas y ordenó su libertad inmediata, reconociendo implícitamente la injusticia cometida.

Esa absolución abrió la puerta al debate sobre si se le deberá indemnizar por el daño causado, pues antecedentes jurídicos en México y en el mundo dicen que sí. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro este 1 de agosto que la reparación del daño no es automática, pues el afectado debería pedirla en un juicio.

“Hay una ley, que es la Ley de Víctimas —bueno, es más largo el nombre, pero es la ley que protege a las víctimas— y es muy clara en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. En este caso tendría que venir un juicio por parte de él, tendría que ser reconocido como víctima desde incluso los propios procedimientos legales y, a partir de ahí, que viniera un resarcimiento del daño», explicó la mandataria.

Es decir, debe iniciar un proceso judicial independiente y demostrar legalmente su calidad de víctima; no basta con haber sido absuelto, debe activar los mecanismos legales establecidos en la Ley General de Víctimas y de Protección Integral de Personas en Situación de Víctima, que contempla la posibilidad de reparación integral, incluyendo compensación económica, rehabilitación, medidas de no repetición y disculpas públicas.

Si así sucede, Vallarta podría reclamar entre 7 y 15 millones de pesos, dependiendo del tribunal que conozca su caso y del tipo de daño que se reconozca. La base legal nacional permite reclamar por daño moral, lucro cesante, daño físico o psicológico y pérdida de oportunidades. Estándares internacionales —como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— establecen compensaciones de entre 5 mil y 20 mil dólares por año de prisión injusta.