Estas líneas...

Martes 02 de Marzo de 2021 23:13

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Transportistas piden carreteras seguras; la “cooperación voluntaria”, negocio de 144 MDP mensuales; los bloqueos yaquis y los retenes militares encarecen el comercio

GUAYMAS, Son.- El mensaje de los transportistas a quienes mandan en México, es que enfrentan un clima de inseguridad en carreteras de todo el territorio, pero en Sonora agrava la situación el bloqueo de los yaquis y los retenes del Ejército Mexicano que afectan severamente la movilidad.

Por eso convocaron al paro nacional de ayer, aunque algo los convenció de frenarlo. Se haría en Vícam, donde se centra el multimillonario negocio de la “cooperación voluntaria” al transitar por la carretera federal 15 en suelo de la etnia.

La presión resultó. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga informó a sus clientes que “por falta de garantías para el libre tránsito”, llamó a los transportistas y clientes evitar circular por las carreteras del país el 2 de marzo.

Refugio Muñoz, su vicepresidente, urgió a restablecer el Estado de derecho y aludió a los bloqueos yaquis, con todo y su violencia latente. Enrique González, su presidente, pidió actuar atendiendo el interés general de la nación. Lamentó a lo que se ha llegado y resume: “más vale Un Día Sin Transporte a una cadena interminable de días, semanas, meses de bloqueos”.

El sector que moviliza el 81.5% de la carga terrestre y 56.3% de la carga del país así reflejó su hartazgo. Tras encontrarse con funcionarios –anónimos, cual hoy es costumbre-- de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, se coincidió que debe acabar el ilícito que se comete en esas comunidades y en fortalecer el “Plan Carreteras Seguras”, pues no hay libre tránsito, hay robos al transporte y toma de casetas. De paso, recordaron que no solo los yaquis provocan problemas. Los retenes militares que se extinguían hasta el sexenio pasado tuvieron un fuerte rebrote (hay 47 en Sinaloa, Sonora y BC), pero eso es otra historia.

Pero, ¿realmente se quiere la solución para el bloqueo yaqui?

En los conatos de violencia por la extorsión, hasta un étnico muerto hubo, pero Vícam reinstaló el bloqueo. Los transportistas sugirieron usar el cobro del libramiento que cubre desde Guaymas a Esperanza para resolver el problema “que tiene secuestrada la carretera Federal 15”, antes de que, como los yaquis, demuestren su gusto por las trompadas y alguna habilidad en artes marciales. Esta herencia de los “malos gobiernos” –retomada por el “buen gobierno” actual--, obliga a pagar un libramiento de 30 kilómetros de 400 pesos –no debería costar más de 150— y si se le diera buen uso a ese dinero, no habría lío con la etnia.

Cajeme les quiere cobrar también. Sería un nuevo impuesto al pasar por la ciudad, así que el virus recaudatorio contagió también a gobierno municipal, pero los camioneros le advirtieron al alcalde Mariscal que todo tiene un límite. Y eso de abrir otra caseta de peaje “ya chole”, como diría algún presidente de alguna República de por ahí, a menos que solo la sustituyan por una de las que ya operan y la tribu sea la beneficiaria.

Se supone que el paso de servidumbre por suelo yaqui, ya lo paga la gente con los impuestos que entrega a la Federación, o las empresas privadas con cuotas por sus operaciones. Si el dinero se atora en algún punto, es otra cosa. Es el pago por el paso de la carretera, del acueducto, el ferrocarril, la fibra óptica de Telmex, cableado eléctrico de la CFE y el ducto de Pemex.

Dicen líderes yaquis que es “una cooperación voluntaria”. Un muerto que quiso parar un camión de carga durante el asalto a su chofer, y una persona de la tercera edad amenazada con arma de fuego, prueban lo contrario.

Uno de los líderes yaquis hacía ver que en 1990 se pactó con los gobiernos estatal y federal que la captación de la caseta de cobro del libramiento de Guaymas fuera para la etnia. No se cumplió el pacto “por acciones de actos administrativos irregulares de los funcionarios de gobierno”. Creo que es un eufemismo de “se lo roban”.

Ante esto, más el negocio de 144 millones de pesos mensuales de “cooperación voluntaria”, insisto: ¿Quieren realmente arreglar el problema?