Estas líneas...

Lunes 26 de Abril de 2021 20:48

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Pavimento, un boquete al erario municipal; Joel Mendoza contempla cárcel para quienes afecten el patrimonio público; las historias del (también) ilegal Catastro

GUAYMAS, Son.- Si hacemos caso a asesores de Rodolfo Lizárraga, nos vamos a ir de espaldas al sacar cuentas y dimensionar el boquete que se hace a la administración municipal cuando se anuncian obras de pavimentación.

La mañana de lunes al micrófono de RED 93.3, el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia Municipal de Guaymas describió lo que hará como alcalde; su entusiasmo resaltó al lado de su convicción de ser el mejor candidato “porque soy honesto, digo la verdad, no oculto nada”.

Se fue a los números, pero cansaría ver lo que hace la autoridad municipal actual y lo que han hecho anteriores en forma impune. Baste este dato:

Pavimentar un kilómetro de calle con asfalto cuesta 1 millón 200 mil pesos; el doble, si es de concreto hidráulico. Si el ayuntamiento hoy nos dice que invierte 100 millones anuales en tal rubro, brota la interrogante que se hizo el diputado suplente y hoy candidato, además con mayor posibilidad de alcanzar la alcaldía del puerto: ¿Dónde están?

Y viera cómo nos quedamos cuando explicó lo que cuesta instalar una luminaria. No se parece, pero ni así de cerca, a lo que dice la contabilidad fraudulenta presentada por los contadores desde el trienio de César Lizárraga, cuando consignaron el gasto para colocar más de 8 mil 500 luminarias de las que se dispuso mediante “arrendamiento puro” y, más tarde, el vulgo calificó dicho procedimiento como “puro cuento”.

Vale la pena escuchar lo que expone el diputado local con licencia y quien, por mérito propio, ha hecho una carrera que en este momento lo tiene en la antesala de la alcaldía. Y eso, se palpa, crea la esperanza de que “ahora sí”.

La gente cree que “él no viene a robar”, o “no saldrá con su casa blanca”, ni tantas cosas de esas con las que identifica a sus alcaldes previos y la actual.

JOEL TAMBIÉN

Y ayer escuchaba también una exposición de Joel Mendoza Rodríguez, candidato independiente a alcalde, sobre el tema de la ilegalidad en el ejercicio del gasto público, del actual ayuntamiento.

Advirtió que no le dirá al gobierno saliente un “hasta aquí llegaste” y seguirá con lo suyo. No.

Sabrá, con procedimientos de ley, qué se hizo con el dinero de los guaymenses. Si hay daño patrimonial se determinará, pero no con un juicio “pichurriento” que inhabilite a alguien por 10 años y se vaya “con los millones que te robaste… no”.

Cuando tenga los pelos en la mano, los llevará al congreso estatal, esa instancia hará los juicios de procedencia política para turnarlos a los ministerios públicos y a la Fiscalía; se abrirá la investigación y así se conocerá el daño patrimonial.

De entrada procede la demanda, porque los dos tesoreros que esta administración tuvo son ilegales y, “desde allí, todas las finanzas están mal”. Los dos tesoreros son el “cuñado incómodo”, Santiago Luna, y la actual, Célida Botello, empleada del priísta capitalino Alberto Rodríguez Parra, el verdadero “jefe”, desde que hace lo mismo que hizo en Hermosillo y Puerto Peñasco.

Dice Joel que eso le pidió la gente cuando buscó firmas para registrarse y cuando platicó con amigos: todos quieren y, sí, “hay que meterlos al bote”.

EN CATASTRO

El abogado Rodolfo León, fue a Catastro Municipal para que le dieran las tablas explicativas del criterio utilizado para fijar el valor de los bienes inmuebles, pues Tesorería Municipal es muy insistente en su amenaza de embargo a sus clientes.

Pidió una cita con el titular, el conocido “Sr. de las fichas (policíacas)” Jorge Villa Flores, y nunca se la concedió, por eso entró sin permiso a la oficina cuando supo que venía (no vive aquí pues) a esa oficina. No supe como arregló eso del pago, pues no existen esas tablas; no hay un Consejo como la ley exige, integrado por expertos y autoridades, que lo aprueben, así que es otra ilegalidad persistente que traerá en vueltas a los actuales funcionarios ante el próximo fiscal.

Pues se repitió la historia con el exfuncionario panista y abogado Carlos Cortez, quien luego de 3 meses de paciente espera, vio cómo funcionan las cosas en esa oficina y se metió sin permiso, encontrándose con un “no tengo tiempo de atenderte”, del ilegal e impune funcionario.

Cortez prácticamente le ordenó sentarse, escucharlo y sujetarse a lo que dice la ley en materia de audiencia. Le espetó sus derechos y ordenó –como ciudadano que paga impuestos de donde sale la inmerecida quincena del sujeto— corregir problemas en papeles de los bienes que intenta regularizar a sus representados. Están en eso, se supone.

A ver qué sigue, pero viera cuánta ilegalidad hay en la comuna. Por eso querían repetir en el cargo, pero ya vieron el tamaño del repudio acumulado por la población.