Estas líneas...

Martes 09 de Noviembre de 2021 20:26

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Guillotina en el Congreso; solo el comunicador salvó la dura crítica al desempeño; acusan opacidad de directivos de administración; Acuña, ruido de más en el ISSSTE; el Registro Civil, la nociva herencia del Ulises; Lomelí “solo firmo una anuencia”

GUAYMAS, Son.- Los nuevos directivos del congreso sonorense llegaron con guillotina y ya la usan.

Ya dieron el paso preparado desde el primer día y resolvieron con abrumadora mayoría, no ratificar a 18 funcionarios que ya remueven y sustituyen en Comunicación Social, Dirección Jurídica, Investigaciones Parlamentarias y Estudios Legislativos, y Oficialía Mayor.

El PAN se opuso, pero qué podían hacer con solo 4 votos.

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política designó encargados de despacho en esos 18 espacios despejados.

Fueron duros con los despedidos, esos de “de nula oportunidad de permanencia, considerando el contexto político que no les es favorable en esta legislatura, ni en el nuevo sexenio de la Administración Estatal”. Algo así como que no tendrán chamba por razones fácilmente entendibles.

Un texto destaca la “mención especial” que merece Alberto Nevarez Grijalva, titular de Comunicación Social, quien renunció con efecto al 31 de octubre.

A Nevarez lo consideran un profesional e hizo su tarea “brindando en todo momento un trato respetuoso a todos los integrantes de la anterior y la presente legislatura”.

Eso, en buen castellano, es un mensaje de que no desaprovecharán su capacidad.

Al meter la escoba, la CRICP supo de varios cargos acéfalos, algunos “abandonados” desde hace años por sus titulares, por causas desconocidas --y de nuevo el leguaje fuerte-- “debido a la opacidad en el manejo de la información que sigue manteniendo el personal directivo que controla esos datos administrativos”.

Son pues, los cambios obligados para que la gente del nuevo sexenio no traiga una piedra en el zapato al emprenderse los nuevos proyectos.

También se ratificaría a Rogelio López García como fiscal Anticorrupción, pero qué contraste con el rechazo a la permanencia del fiscal especializado en Delitos Electorales, Daniel Núñez Santos.

El primero, apenas hace dos meses asumió las funciones de Fiscal Especializado en materia de Anticorrupción, y se recomendó brindarle el voto de confianza, como ocurrió.

Al segundo le fue como en feria, pues no dejó huella para evaluarlo desde su nombramiento en agosto de 2020, así que sólo se sabe lo negativo: denuncias durante las campañas y la jornada electoral, de violencia política de género, amenazas a aspirantes a puestos de elección popular, irregularidades el día de la votación y el asesinato del candidato a alcalde de Cajeme, Abel Murrieta.

No mostró participación de su Fiscalía para deslindar responsabilidades, sobre todo en los casos graves de amenazas y el brutal homicidio del ex procurador y candidato del MC. Se cree que los autores del crimen “podrían tener motivos electorales que no podemos permitir que vuelvan a presentarse en nuestro Estado”, se expuso.

Como no informó a la ciudadanía de lo que hizo para esclarecer los hechos, y sin elementos para valorar su labor con responsabilidades de Ministerio Público --investigación y persecución de delitos—, no fue posible recomendar su ratificación. Y no se ratificó.

En los próximos 15 días, o menos, estarán cocinados los nuevos nombramientos para comenzar la nueva historia. Que a Sonora le vaya bien.

QUE DÉ NOMBRES

Jesús Acuña Méndez, director del Isssteson, habla mucho de los estragos causados por los saqueadores que dirigieron años y años a la institución, en perjuicio de los derechohabientes.

Debiera establecer claramente lo que encontró y mencionar con la misma claridad, a cada uno de los presuntos responsables del evidente desfalco. No tiene caso hacer como el perro que ladra y, al final, no muerde.

Mejor son las precisiones como las que hizo el gobernador Alfonso Durazo, al salir de su oficina para atender a pensionados y jubilados a quienes se les retrasan sus quincenas y les pichicatean medicinas.

Durazo dijo que primero resolverá esta situación y se actuará contra los pillos del ayer. Y ya sabemos quiénes son, pues solo basta recordar su rápido crecimiento material a partir de su llegada a dirigir el instituto.

OFICINAS PRECARIAS

La ruinosa oficina del Registro Civil en Guaymas es una tortura para los usuarios. Siempre hay entre 20 y 30 personas esperando a veces hasta una hora para ser atendidas.

La nefasta herencia de Ulises Cristópulos, otro aprovechado del viejo régimen, persiste y es hora de cambiar las cosas, atendiendo una demanda que abusivamente no se cubre, pese a los altos costos –sin recibo—de los servicios.

“SOLO” FIRMÓ ANUENCIA

El ex secretario de la comuna guaymense, Arturo Lomelí, negó haber otorgado permiso para establecer el negocio de renta de carpas y sillas en una playa de San Carlos, retirado el sábado por la fuerza pública.

“Lo único que hice fue firmar una anuencia”, dice el ex, con una cara de inocencia que casi convence. Como si no supiera que lo que ocurra en el municipio, ocurre solo por una anuencia.

Con ese cinismo, acuden él y otros funcionarios a declarar lo qué saben de las leperadas del trienio pasado. Consultaron con sus abogados y les instruyeron qué responder, porque “no va a pasar nada”.