Estas líneas...

Domingo 19 de Diciembre de 2021 19:57

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Lamarque puso el ejemplo, ¿Quién le sigue?; yaquis extorsionan con armas de alto poder y nadie los frena; la amenaza afecta al turismo; Guaymas siente el “cártel inmobiliario”; la estafa municipal llegará esta semana al Congreso

GUAYMAS, Son.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, da el ejemplo al ordenar cese y justo castigo, al policía Municipal involucrado en la extorsión que presuntos yaqui realizan, con toda impunidad, en la carretera federal 15.

De ver dan ganas, así que el uniformado cajemense quiso algo del bonche de dinero acopiado por los extorsionadores y se sumó, convencido de que no pasa nada.

Sin embargo, la víctima de la extorsión lo captó en su celular y, valientemente, lo exhibe en su uniforme, una patrulla municipal identificada con siglas y número, y la pavorosa arma con la que debieran combatir a criminales, no a los viajeros.

Tampoco, el mal policía, contaba con que el alcalde Lamarque, su jefe, repudia estas leperadas y hasta ha pedido a la Federación poner coto a los indígenas, por eso no puede permitir que un subalterno se sume a la impunidad.

Lamentablemente, el Lamarque de la historia no pueda hacerle la chamba al Gobierno Federal, responsable de la carretera, a partir del patrullero de la Guardia Nacional, del comandante Regional, el director y subsecretario del ramo y a la propia Secretaría de Comunicaciones.

Tanta tibieza de este sector oficial, obliga a pensar en corrupción de esa que se practicaba cuando México estaba en manos de los “fifís” ultraconservadores y neoliberales.

Pero ni el presidente López Obrador, con sus abrazos y peticiones de perdón a la etnia vejada por nuestros generalotes revolucionarios, defiende al pueblo actual que le llevó al poder. No frena a los nuevos yaquis, esas víctimas del pasado convertidas hoy en victimarios de pacíficos conductores que pagan impuestos donde ya está incluido ese peaje carretero, duplicado ante la extorsión y triplicado con las casetas de cobro de Capufe.

En cuanto al gobernador Alfonso Durazo, debiera intervenir pero, ciertamente, lo limita la jurisdicción.

Sin embargo, Célida López, la improvisada titular estatal de Turismo, debe gestionar algo para que la tarea que está obligada a impulsar, no se siga empañando por la práctica de amedrentar gente con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército (¿No se han dado cuenta la FGR y la Sedena?), generadoras de riesgo mortal.

Muchos viajeros olvidan sus planes de visitar esta región, temen ya a los yaquis, así que la extorsión afecta también a prestadores de bienes y servicios regionales, por si algo faltase para imponer orden.

SE SIENTE EL CARTEL INMOBILIARIO

A propósito de Policías al servicio de particulares, Nathaly Peralta se queja ante el Tribunal de Justicia porque policías, también, se ponen a las órdenes de un sujeto de esos que se apropian de suelos baldíos vía el despojo.

La dama sería una víctima más del “Cártel inmobiliario” que forman autoridades y delincuentes –con estas maniobras no se diferencian--, y pide no le arrebaten una posesión ancestral. Pero el pillo es pillo y se la quiere quitar.

A ver si el nuevo presidente del Tribunal, don Rafael Acuña, ya limpia lo podrido y avanza en la asepsia en los juzgados locales, donde es hora de que la ley se tome en serio.

LA ESTAFA MAESTRA MUNICIPAL

Esta semana estará integrado el procedimiento para que el Ayuntamiento eleve a las instancias correspondientes, el tema de la desaparición de, al menos, 445 millones de pesos durante el trienio de Sara Valle Dessens.

La labor para exigir responsabilidades corresponde al apoderado legal de la comuna, el síndico Municipal, con la orientación del director de Asuntos Jurídicos, quienes notificarán cada paso al Congreso del Estado, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General de Justicia. Y a la Fiscalía federal también, porque hay recursos de ese orden involucrados en el manoteo.

En la “Crónica de una estafa anunciada” hay de todo, pero el tesorero actual, Daniel Apodaca Larrinaga, le entiende a las cuentas y descubrió cada cosa, como esas 228 observaciones de turbias maniobras, sobre todo en proveeduría y en obra pública.

Aparece la “Playa incluyente”, cuya urgencia era esquilmar casi 10 millones de pesos; también el dejarse ganar 60 millones en temas laborales, pagar facturas apócrifas por 160 millones, evasión fiscal y hasta el intento de adueñarse de un predio propiedad de la comuna, cuyo valor alcanza casi 70 millones de pesos, y lo ofrecieron como prenda de un préstamo por 1 millón, así que ya debe estar en poder de un particular por esa ridícula suma.

Esta semana precisarán quién es el dueño de las empresas de facturación falsa y constructoras de obras en algunos casos inexistentes, pues vuelve a la marquesina el “cuñado incómodo”, Santiago Luna, como intermediario para buscar protección de políticos priístas establecidos en Hermosillo, quienes habrían recibido tajada, para que las cosas se dejen como están.

Y contra eso, precisamente, es lo que quiere el pueblo de Guaymas que se trabaje. Si no, para que brincar tanto en el suelo parejo.