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Estas líneas...

+ Exigen a CEA garantizar un medio ambiente sano; solicitud de amparo establece precedente legal; no es justificante la falta de dinero para acabar con derrames del drenaje; en San Carlos, residentes fomentan la unidad con apoyo de la SSP; pero también hay quejas por el actuar de policías

 

GUAYMAS, Son.- Una original forma se anunció para manifestarse en contra del problema de drenaje que agobia al puerto y que se volvió el principal riesgo para la salud.

Comisión Estatal del Agua todavía opera el sistema de agua y drenaje en Guaymas, Empalme y 2 municipios más en Sonora, pues la ley federal ordena a los municipios la tarea.

Durante décadas ha sido la queja por incumplimiento y el organismo no mejora, al contrario, empeora y es común tanto la falta de agua, como los brotes de las alcantarillas, a veces auténticos ríos de aguas negras recorriendo la ciudad.

Por supuesto, todo se contamina en ese camino hacia el mar en la bahía de Guaymas, playa de Miramar la Marina Bacochibampo y la obsoleta laguna de oxidación de La Salada, donde se exhibe el mayor daño ecológico soslayado por Profepa, Semarnat y demás autoridad involucrada.

Los plantones tapando calles son comunes, pero solo molestan a la gente e impiden su labor cotidiana, no a directivos de CEA ni al organismo, por eso alguien apela ya a medidas que sí lograrían soluciones: es la herramienta legal.

Llama la atención el paso emprendido por el abogado Felipe Hernández Ramos, estudioso de la constitución y litigante en materia civil y laboral, quien pidió la protección de la justicia federal para que CEA le garantice su derecho a un medio ambiente sano.

Los reportes que saturan programas radiofónicos y otros medios, poco ayudan y el paliativo no sugiere el fin del terrible drama vigente. Pero según expertos como el propio denunciante –quien padece un estanque de aguas negras frente a su casa—, apelar a la ley dará los resultados buscados por la gente.

Un medio ambiente sano es derecho humano, por eso el juez de Distrito otorgaría la suspensión provisional demandada, para que CEA cese sus arrojos contaminantes y deje de enfermar ciudadanos.

Si pide prórroga para responder la tendría, pero no por mucho tiempo; incumplir en el lapso determinado, implicaría remover a sus directivos, el vocal ejecutivo José Luis Jardines y el operador en Guaymas -Empalme, Ricardo Montoya.

El desacato es inaceptable para un juez. De presentarse tal rebeldía –no es argumento legalmente válido decir que no hay dinero—, dictará castigo corporal. Cárcel, pues.

La base de la demanda es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes emanadas de ella, la que Jardines y Montoya, como hace todo funcionarios al asumir cargos, juran cumplir.

Por si faltaran argumentos sólidos para que el juez dé el ha lugar a la demanda, la justifican protocolos nacionales e internacionales en los que México toma parte.

El por qué no se había hecho algo así, habiendo materia suficiente para proceder, es por la falta de conocimiento por un lado –la sociedad civil--, y la irresponsabilidad –los funcionarios-- por otro.

Hay una norma que indica cómo se debe operar un organismo así, en la cual CEA no está certificada; otra sobre cómo hacer las obras y las especificaciones en cada paso, como tipo de tubos y calidad del material con garantía de hermeticidad y duración, que nadie supervisa y califica.

Nuevos tiempos vive Sonora, por eso se da esta nueva manifestación. Y todo indica que el actuar de la autoridad será distinto al de los funcionarios del ayer, como se encamina a ser distinto el ciudadano que, en el abogado Hernández Ramos, sienta un precedente hoy que el cambio climático y otros factores ambientales, abren los ojos para diseñar mejor el futuro del planeta que heredaremos a nuestros hijos.

CEA debe responder a los llamados del nuevo tiempo sin excusas. La ley le exige respuestas y debe encontrarlas donde haya.

SAN CARLOS, ACTIVO

Es ejemplar el trabajo de grupos de ciudadanos residentes en San Carlos, que logran respuestas de la autoridad municipal y estatal para conducir este paraíso que se estaba yendo al precipicio, hacia la vía correcta de la convivencia y desarrollo como polo turístico.

Leonardo Rodríguez y Katy Rogers son cabeza visible en el empuje. La Secretaría de Seguridad apoya y envía tarea preventiva, luego de aquella urgente reacción del Gobierno estatal al llamado hecho por los empresarios cuando se descomponían las cosas.

Hasta una unidad deportiva para chicos y grandes está en la mira. También eventos que involucren a niños y jóvenes, entre otras metas confirmadas por el subsecretario de la SSP, Francisco Zavala, y por el director de Procesos Preventivos, Roberto Estrella.

Este miércoles hay seguimiento en el Club de Yates, para crear la Red Vecinal con la que se sumen a la Jornada Itinerante por La Paz.

QUEJA A LOLA

Canaco y otros grupos de prestadores de servicios piden orden en el retén de la Policía Estatal. Hay quienes ya no van allá porque “hay alcoholímetro” y, a quien paran, resulta con aliento alcohólico. Esa es la queja que le mandan a doña Lola del Río.

Lo creo. Una dama narra haber ido a desayunar con amigas y un policía las detuvo y las sometió a pesado interrogatorio tras exigirles identificación y estacionarse al lado de la carretera, para buscar antecedentes negativos mientras, literalmente, las regañaba.

No sabían si reír o llorar. Por 40 minutos las retuvo hasta que, al no hallar indicadores de malvivencia en las respetables damas, debió dejarlas ir.

Eso es malo para el negocio que alimenta a más de 3,500 trabajadores en ese destino.