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Viernes 17 de Marzo de 2023 00:07

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Anuncian 600 obras para los municipios; malinterpretan palabras del gobernador y aclara: “no somos iguales”; sin embargo, funcionarios generan desconfianza por ocultar información; la Ley de Juárez entre constructoras

GUAYMAS, Son.- A como están las cosas, es significativo el fondo de 150 millones de pesos para realizar 600 obras igual de significativas en los municipios.

Los 72 munícipes sonorenses se reunieron con el gobernador Alfonso Durazo y firmaron el convenio para materializar infraestructura por medio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.

El coordinador del Cecop, Carlos Zataráin, hizo las apologías típicas y resaltó el programa Transforma Sonora como algo que pone a la sociedad en el centro de las decisiones de la autoridad. Según él, eso lleva a una verdadera justicia a través de mayor infraestructura.

Zataráin estaba cerca del mandatario estatal, y más cerca Javier Lamarque, alcalde del violento Cajeme; más allá, Karla Córdova, la alcaldesa guaymense cuya mano izquierda acelera las cosas y por eso las obras se multiplican en todo el puerto.

¿OBRAS PARA LOS AMIGOS?

El gobernador destacó la obra pública fundamental en su discurso, por eso el optimismo municipal.

Y como hasta al mejor cocinero se le queman los frijoles, debe reconocer que una sola palabra mal interpretada lleva a un mensaje totalmente distinto al que se quiso dar.

Me refiero a que ese día, al hablar de obras y las penurias para conseguirlas, lo hizo más o menos así: “consigues el crédito, luego inician los proyectos ejecutivos y las licitaciones y se te va la vida”.

Ese maleficio hoy se conjura trabajando en paralelo en los proyectos ejecutivos, pero “no tenemos lana para eso”. Y explica “cómo estamos trabajando los proyectos ejecutivos, con empresas de amigos. A ver… métele, inviértele y participa. Si ganas ya tienes el proyecto ejecutivo”.

Eso de empresas de amigos no gusto a muchos. Justificado disgusto, pues en el pasado, sobre todo en ese sexenio de 30 años tan famoso, las “empresas de amigos” enriquecieron a funcionarios y políticos, en perjuicio de la calidad de vida de los sonorenses.

Dijo más: “quien tiene el proyecto ejecutivo tiene, de entrada, 10 puntos de ventaja en las licitaciones”. Me dicen que no, pero sigo indagando.

Prosigue: “Y si no ganas, quien gane, te va a pagar el proyecto ejecutivo, de eso nos vamos a encargar nosotros, no tengas preocupación”. Otra vez el signos de interrogación en muchos rostros.

“Entonces, lo tenemos contemplado”, terminó, y la polémica estalló, pues nada se sabe de puntos de ventajas y normalmente el constructor se rasca con sus uñas. No cualquiera podía registrarse o ganar una licitación y tampoco era garantía de cobro el trabajo terminado, excepto si se era cercano al poder.

Hoy todo es distinto, insiste el gobernador, y lo explicó para atajar a quienes creen acertar al pensar mal, que hoy podría ser como en el pasado: “en mi gobierno los proyectos se hacen conforme a lo establecido en nuestra legislación”.

Y “todo aquel que quiera ayudar a Sonora y financiar una obra, en los términos que la ley establece, adelante. La posibilidad está en la Ley de Obras Públicas, cuando se refiere a la obra pública financiada y los conocidos proyectos “llave en mano”, que son aquellos que contemplan el proyecto ejecutivo en la licitación. Es una realidad que no hay dinero. Quien quiera ayudarnos a resolver las necesidades, que son muchas en nuestro estado, ha siempre bienvenido en el marco de la ley. No somos iguales”.

Y SIN EMBARGO…

Pero ese pensamiento aclarado por el gobernador podría no tener la misma interpretación en algunos rincones de Sonora, como en Guaymas, donde se vuelve común licitar, declarar desierto y asignar directo.

Es ejemplo esa rara convocatoria desaparecida en cuanto se publicó, para recarpetear el bulevar Luis encinas, principal vialidad del residencial y turístico Miramar.

Se supone que le modificarían puntos donde se equivocó el redactor y volverían a subirla a la plataforma del CECOP. Pero el oscuro manto del anonimato prevaleció. Este miércoles llegó gente y maquinaria foránea a trabajar durante 90 días naturales.

Así se conoció que, desde el 7 de marzo, se dio el fallo de esa licitación pero ¿Cómo? Si nunca se volvió a subir. Además, describe una obra entre calle Cananea y Carretera Hermosillo-Guaymas y no es correcto, pero eso no parece importar al subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones, Jorge Ysrael López López, ni a su jefe, Zataráin.

A ver qué responde Mario Arturo Rascón Durán, quien representó como auditor del Órgano Interno de Control, a la Secretaría de la Contraloría General, de Memo Noriega, en el momento del presunto fallo.

Quise información, pero el señor Zataráin diputado local, alcalde y diputado federal priísta antes de ser exiliado a Nuevo León y luego a la CDMX, –su ambición política lo enfrentó con quienes encabezaban ese sexenio de 30 años—, no contestó llamadas ni mensajes, uno de ellos dejado personalmente con su amable personal en su oficina del Barrio Mágico de Villa de Seris, a unos pasos de las ricas coyotas.

Por eso desconfían de él los constructores. Y la gente en general. Ojalá hagan una buena obra que, por cierto, se anunció en 17 millones, pero se asignó a casi 23 más IVA.

El contrato se adjudicó a la empresa Cumbre Conservaciones, en asociación con Superpave y con Admicons, firmado el 10 de marzo y ese día debería entregar la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales expedidas por la Secretaría de Hacienda, pues no lo hizo el día del fallo. Quien enfrenta la ley a secas habría sido descalificado, pues se exige a todo proveedor para participar.

Esperemos reacción de Omar del Valle cuando le platiquen de este autogol del Cecop y sus funcionarios que quizá no son iguales, pero se parecen mucho a los del ayer. O son, por eso cuando el gobernador habla ante quienes confían en él, los de más lejos malinterpretan y creen que, pensando mal, acertarán.