Estas líneas...

Jueves 13 de Junio de 2024 20:00

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Recupera, no entrega puertos la Semar; apoyo a policías para dignificar su trabajo; entrega uniformes la alcaldesa Karla Córdova; costoso operativo para apagar incendio, ¿Quién lo pagará?; si hace, grazna y camina como pato… lo es

GUAYMAS, Son. – Según información oficial detalladamente explicada por medios especializados, el país asumió la política de no renovar concesiones de sus bienes y servicios.

En mis consultas a terceros recibo nutrida información y escojo una de Noticias: Logística y Transporte, redactada por Alejandro Villalobos, donde cita la más reciente negativa, ocurrida el 11 de abril, cuando la Coordinación de Puertos de la Secretaría de Marina, asumió el control de la Administración Portuaria Integral (API) de Cabo San Lucas.

Ya se sabía entonces, que el gobierno de López Obrador negó a Fonatur Tren Maya la solicitud de prórroga del Título de Concesión y ahora se sabe que el plan de la Autoridad Marítima Nacional, es controlar las administradoras portuarias de Huatulco e Ixtapa Zihuatanejo.

Así se advierte el plan del gobierno federal de no renovar concesiones a terceros, como sucedió con la API Acapulco en julio del 2021, con la negada renovación de concesión a Grupo TMM y SSA México.

Del mismo texto obtuve esta negativa: "Por causas de interés público, se niega la solicitud de prórroga del Título de Concesión original de 10 de abril de 1997 y sus modificaciones", dirigida a Fonatur Tren Maya en el oficio 698 firmado por el secretario Rafael Ojeda Durán, en respuesta a Juan Carlos Arnau Ávila, subdirector de Administraciones Portuarias Integrales y representante legal de Fonatur Tren Maya.

Pero desde 2021, Luis Alberto Zanela había escrito en T-21 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazó ampliar la vigencia del Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral Acapulco, vencida en junio de ese año tras 25 años de ser la única API del país operada por la iniciativa privada.

Las empresas accionistas no emprendieron acciones legales para prorrogar la concesión hasta 2044 y el control del puerto lo asumió la Semar, que desde ese 7 de junio comenzó a administrar puertos, marina mercante y educación náutica del país, funciones traspasadas por la SCT.

Por interés público no se amplió la concesión y como señala el Título de Concesión, obras e instalaciones construidas por la concesionaria o terceros con quienes contrató, pasaron al dominio de la Nación, sin costo y libres de todo gravamen.

Acapulco recibe eventualmente cruceros turísticos y opera vehículos terminados, y hasta 2021 generaba ingresos en puerto y terminales por unos 320 millones de pesos. Hoy no se tiene el dato.

En cuanto a recuperar bienes, es solo un procedimiento basado en la ley que establece que los bienes de dominio público de la Federación concesionados pertenecen originariamente a la Nación, que tiene soberanía directa sobre ellos y poseen característica de inembargables, inalienables e imprescriptibles. Siempre podrán revertirse a favor del Estado.

Lo anterior es para mantener vigente el cuestionamiento sobre anuncios oficiales del Gobierno de Sonora, anticipando la entrega para su administración, del Puerto de Guaymas y sus instalaciones, para ser operadas por la empresa Puerto de Amberes, de capital mayoritario asentado en Países Bajos.

La autoridad estatal no amplía explicaciones de lo que firmará este 18 de junio, cuando visiten Guaymas, cuya terminal marítima portuaria hoy es controlada por la Administradora del Sistema Portuario Nacional, responsable del comercio marítimo de altura.

Pedí información a la Asipona Guaymas, que dirige el oficial naval en retiro Rogelio Bello Aguilar, a través del añejo gerente de Tráfico, Guillermo Von Borstel Osuna, pero solo guardaron silencio, confirmando la “ley mordaza” establecida desde que los militares tomaron a su cago esas instalaciones, como ha sido en el país con toda instalación considerada “estratégica”.

Esperaré al día 18 para conocer el dato que aporten los gobiernos estatal y federal.

DIGNIDAD A POLICIAS

Es fácil criticar a los elementos policíacos cuando alguna causa impide sus tareas, como ocurría en ese cercano ayer de los presupuestos desaparecidos y los acuerdos de corrupción saturando contabilidades, que aún llenan espacios muertos en los juzgados donde ni ministerios públicos o jueces cumplieron con su deber de procurar e impartir justicia.

Este miércoles, la alcaldesa Karla Córdova González acudió personalmente a entregar uniformes a elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, parte del equipo con el que cuentan ya para cumplir su valiosa encomienda.

La alcaldesa Córdova González reconoció el trabajo de los agentes a favor de la población y la importancia de proveerles equipo y material necesarios, acompañados de incentivos.

Celebró la respuesta de quienes acuden a la convocatoria para la formación policial, encaminada a fortalecer a la corporación y anunció la recuperación del programa de ascensos y prestaciones como becas para sus hijos, ayuda de despensa y otros incentivos, para formar un sólido frente de respuesta en la labor para la construcción de la paz que ha avanzado mucho en Guaymas.

En esta ocasión fueron entregados 184 uniformes y 120 pares de botas. Para constatar este paso acudieron con la alcaldesa el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Óscar Barragán Valdez; el Secretario del Ayuntamiento, Herman García Luna; el Tesorero Municipal Daniel Apodaca; y el funcionario anfitrión, comisario de Seguridad Pública Eladio Amaya Muñiz, acompañado del jefe de Tránsito Municipal, Marco Antonio Márquez Romero.

COSTOSO OPERATIVO

Nadie sabe orientarme sobre quién debe pagar el costoso operativo para responder, combatir, controlar y extinguir el fuego presentado la tarde de martes en amplia superficie del poniente de Guaymas, en medio de las colonias El Tular, Los Pinos, 18 de Marzo (Petrolera) y Fenosa.

Lo hará quién tenga una idea de cuánto cuesta desplazar un centenar de Bomberos Voluntarios de Guaymas, Empalme, Hermosillo y Cajeme, añadidos recursos de empresas privadas con unidades de extinción, pipas, etcétera. Ni se diga el esfuerzo que sumó otro centenar de elementos de la fuerza naval y similar cifra de particulares espontáneos.

Solo la Armada de México confirma el uso de personal para controlar el siniestro, de 95 elementos de Marina entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, empleando 10 vehículos y equipo contraincendios.

Agregue todo eso para tener una idea de lo que se pierde en esfuerzo. Sume luego los daños en viviendas e infraestructura de servicios –déjele el daño ambiental a los expertos-- y cuestione: ¿Quién los pagará?

Respuesta: usted y yo, con nuestros impuestos asignados a las dependencias responsables de la protección civil y de repuesta a emergencias. Así que ya debieran estar buscando al culpable de provocar el fuego, si lo hubo.

Si le preguntan a la gente, responderá de inmediato quién fue, con nombre y apellido, pero esto debe ser más formal, así que la autoridad correspondiente debe tener el dato preciso tras la indagación de ley que corresponda y actuar.

Un dato para iniciar es este: los suelos tienen un propietario en su mayor parte y hace poco los puso a la venta lotificados arbitrariamente, sin inspección y autorización formal de la autoridad municipal. A ver si se puede descartar que algo con plumas de pato, que grazna como pato y camina como pato, sea un pato.