Pide EU legalidad a México

Sábado 16 de Mayo de 2015 19:48

Escrito por Agencias

+ Pero ese país es “el paraíso del dinero sospechoso”

CD. DE MEXICO, 16 de Mayo de 2015.- Parte de la colaboración entre México y Estados Unidos llega a 100 millones de dólares para fortalecer el Estado de Derecho en territorio mexicano, pero en el vecino país está el refugio de políticos mexicanos inmiscuidos en delitos de corrupción e incluso crimen organizado.

También, revela un artículo divulgado por el medio Sin Embargo con diversas fuentes, es un país que alberga capitales surgidos entre personajes sospechosos de usar dinero público para fines personales.

Destaca la facilidad con la que estos políticos y funcionario han invertido recursos en Estados Unidos, “el nuevo paraíso del dinero sospechoso de esos influyentes mexicanos”, lo cual contrasta con el discurso del Gobierno del Presidente Barack Obama que, a través de la Iniciativa Mérida, envía alrededor de 100 millones de dólares a México para la reforma Constitucional en materia judicial y el “fortalecimiento de las instituciones destinadas a sostener el Estado de Derecho.

Esa iniciativa nació en 2008 para reducir la violencia de los cárteles del narcotráfico pero pareciera no haber tenido efecto, pues aumentó la corrupción que se volvió una amenaza para el Estado de Derecho, al no poder enfrentarla las instituciones mexicanas como no pueden enfrentar a las redes criminales, como sostiene la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

DINERO SOSPECHOSO

Entre los políticos mexicanos señalados por “transacciones sospechosas” en EU está el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, acusado de lavado de dinero y narcotráfico por una corte de Distrito en Texas.

También “La Maestra” Elba Esther Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) detenida el pasado 2013 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Más recientemente The New York Times publicó que el ex Gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, había comprado “al menos seis propiedades en Estados Unidos, incluidos dos condominios cerca de un sky resort en Utah, otro en una playa de Texas y al menos uno en Manhattan, de acuerdo con registros y entrevistas”.

Si bien no acusan ninguna práctica ilícita en las compras de Murat, la investigación de propiedades privadas de los servidores públicos mexicanos cobraba relevancia en medio de la “reciente ronda de revelaciones”, como el escándalo la “Casa Blanca” de la familia presidencial, adquirida a Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, uno de los contratistas favoritos de Enrique Peña Nieto.

Otros casos son los del ex Gobernador de Coahuila entre 2005 y 2011, Humberto Moreira, y parte de su gabinete. Presuntamente formaron en San Antonio una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de contratos públicos. En la investigación están el ex tesorero Héctor Villarreal, el ex Gobernador interino Jorge Torres López y el propio Humberto Moreira, también exlíder nacional del PRI y hermano del hoy mandatario Rubén Moreira.

También en San Antonio fueron detectadas por fiscales federales siete propiedades del hijo del ex Gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien enfrenta cargos de corrupción en México pero está libre bajo fianza.

Otro caso es el de José Carlos Romero Durán, hijo del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps quien posee dos departamentos en Miami Beach por un valor de 7.5 millones de dólares.

Otra mención es ex tesorero de Tabasco, José Sáiz Pineda, a quien se le encontró una residencia en un exclusivo sector de Houston, Texas, valuada en 13 millones de pesos. Sáiz Pineda fue Tesorero del ex gobernador Andrés Granier y está recluido en México por peculado y lavado de dinero.

La lista incluyó al panista Guillermo Padrés Elías, actual Gobernador de Sonora, y al actual candidato de ese partido a la gubernatura de esa entidad, Javier Gándara Magaña. Han sido señalados por operar cuentas bancarias en EU y adquirir mansiones en EU.

The Wall Street Journal publicó en marzo pasado que Padrés es investigado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por operaciones financieras sospechosas en bancos estadounidenses. Su hermano Miguel trasladó 5.7 millones de dólares a una cuenta que abrió en Estados Unidos en 2012 con el nombre de Tenerife CV, firma basada en Holanda donde él es el único beneficiario entre otras cantidades operadas hasta llegar a casi 9 millones de dólares.

El 11 de mayo pasado, el diario Milenio reveló que el candidato del PAN, Javier Gándara, tiene 9 propiedades en Estados Unidos valuadas en 117 millones de pesos.