A prisión empresario minero en España

Sábado 12 de Noviembre de 2016 17:54

Escrito por Agencias

+ Lo acusan de destruir restos arqueológicos          MADRID, 12 de Noviembre de 2016.- El empresario minero Victorino Alonso fue sentenciado a pagar una indemnización de 25 y medio millones de euros por las obras de restauración en la cueva de Chaves, en Huesca.

En septiembre comenzaba el juicio por el expolio y la destrucción de la cueva neolítica de Chaves, ocurrida en Huesca (Aragón) en 2007, un enclave considerado uno de los dos más importantes en materia arqueológica de la península ibérica.

El acusado, magnate minero de León, propietario de la minera Uminsa, enfrentó un proceso de dos meses tras el cual el juez le condena a dos años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 25 millones 490 mil euros a la Diputación General de Aragón.

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial pero le considera responsable de la destrucción que se conoció en 2009, cuando el personal del Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitó el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente.

La cueva está en una finca cinegética administrada por una empresa de Victorino Alonso, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. La obra de vallado de la finca sería responsable de la destrucción de los restos.

El auto también condena a la sociedad Fimbas S.A., administradora del coto de caza donde se ubica la cueva destruida, a pagar la indemnización. El juez absolvió a Alonso de un presunto delito contra el medio ambiente que denunciaba y le imputaba Ecologistas en Acción. También absuelve a las empresas Ferpi Transportes y Obras S.A., y a la aseguradora Mapfre de posibles responsabilidades civiles, como se solicitaba.

En la sentencia se considera acreditado, por un lado, que Fimbas S.A. conocía la existencia del yacimiento arqueológico y de su importancia, y por otro que Victorino Alonso sabía de “primera mano” que debía solicitar permisos. También se considera probado que el magnate minero era el que daba las órdenes reales en Fimbas S.A., entre ellas la destrucción del yacimiento arqueológico.

El juez criticó que el Gobierno de Aragón no haya promovido el importante yacimiento a una figura de protección mayor como Bien de Interés Cultural, y reprocha que su protección sólo fuera indirecta. De haber existido "una adecuada señalización hubiera provocado un indudable efecto intimidatorio tanto en la dirección de la finca como en sus empleados y en terceras personas", consideró.

Por otro lado, el magistrado rechaza el "intento" de la defensa de "diluir" la responsabilidad del empresario al involucrar en los hechos al arqueólogo que descubrió el yacimiento, Vicente Baldellou, ya fallecido, así como al palista que llevó a cabo la obra.

En la sentencia se considera "imposible" que Baldellou "ordenase o tan siquiera sugiriese" acometer las obras que se hicieron en Chaves, valoración hecha en relación a la afirmación del empresario de que este especialista fue quien pidió actuar en el yacimiento por motivos de seguridad.