NYT: México fabrica delincuentes

Sábado 15 de Julio de 2017 14:16

Escrito por Muralsonorense.com

CD. DE MÉXICO.- El influyente diario estadounidense New York Times divulga este día un artículo donde da voz a activistas mexicanos para acusar a este país de tortura y fabricación de delincuentes, que se agrega a varios artículos previos donde se cuestiona el respeto a la ley y a los derechos humanos por parte de las autoridades.

Describe, de entrada, una experiencia de Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, del 17 de mayo de 2013 cuando una camioneta le cerró el paso y un hombre comenzó a dispararle. Aunque Guerrero esquivó la emboscada se desencadenó una persecución y los disparos siguieron hasta ser detenido por hombres vestidos de civil que dijeron ser policías.

Un documento de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, indica que el activista fue llevado a un sitio desconocido, torturado y amenazado durante 30 horas antes de ser presentado a la Procuraduría General de la República, que lo acusó de delincuencia organizada y secuestro, junto con otras 12 personas que también denunciaron tortura.

NYT describe presunto intento de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y torturas; también fabricación de delitos “y enfrento la sinrazón de los tribunales que no quieren estudiar a fondo el caso. Ni siquiera quieren aplicar sus propios criterios y razones”.

Guerrero tiene 32 años y fue entrevistado telefónicamente desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde lleva 4 años encarcelado sin juicio. Pero el medio no habla de esta, como una circunstancia especial, sino de una constante de detenciones arbitrarias por la policía en México.

Un informe reciente de Amnistía Internacional señala “la grave crisis institucional que azota al gobierno mexicano, que se encuentra sumido en escándalos de corrupción, conflicto de intereses, la desaparición de estudiantes y, más recientemente, las acusaciones de espionaje contra periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos”.

AI resalta más historias de detenciones, incomunicación, abusos sexuales y otras formas de tortura para “inventar” delitos en los que las personas detenidas por la presión ejercida aceptan haber participado. Las familias denuncian los abusos pero nada se resuelve.

El medio da voz a especilistas para explicar el fenómeno del cual los mexicanos no pueden defenderse.

“Hay un hilo conductor en todos los casos y es que la detención arbitraria es una puerta para ingresar a otras violaciones de derechos humanos”, dice a NYT Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien describe cómo la detención produce un efecto dominó sobre otros derechos humanos como la integridad, el debido proceso judicial y origina violaciones mucho más graves como la tortura o la desaparición forzada.

Un documento elaborado entre febrero de 2016 y abril de 2017, incluye expresiones de 10 organizaciones mexicanas de derechos humanos y seis expertos en seguridad pública, métodos policiales y derecho, además de 25 funcionarios del sistema judicial, en funciones o retirados.

Todos exigieron anonimato. Temen represalias. Pero esclarecen los vicios de detenciones y confirman que “las flagrancias le sirven al Estado, sean legales o no… Hay flagrancias que se crean”, declaró una jueza penal del centro de México, y “la tortura sí es sistemática y generalizada en México”, afirmó un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que un miembro de la misma corte confirma que “se detiene más a las personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios marginales y, fundamentalmente, a jóvenes”.

NYT encuentra coincidencias entre este último dato y estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 que, en 2015, detectó que hombres jóvenes (de 18 a 29 años) fueron “el grupo que más fue sujeto a proceso penal a nivel estatal” (26.47% del total).

El informe documenta una práctica institucional de los operadores de justicia que detienen con fines ilegítimos, las autoridades no salvaguardan la seguridad ni la integridad personal y “la policía inicia un proceso de criminalización que reproduce las desigualdades sociales sin tomar en consideración las relaciones de clase, género, etnia o cultura y está basado en una falsa igualdad”, resume, criticando que ni siquiera las personas con discapacidad están a salvo de este tipo de prácticas.

Y pone el ejemplo de José Adrián, joven maya de 14 años que tiene dificultades auditivas. Fue detenido por la Policía en febrero de 2016 al salir de la escuela en X-Can, pequeña comunidad de Yucatán, y sin explicarle nada lo trasladó hasta otra población donde fue torturado para que se incriminara.

“Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”, dice el joven en el documento, y al final fue acusado de apedrear una patrulla. Aunque no estuvo en el lugar de los hechos, su familia tuvo que pagar la fianza y los daños ocasionados. Se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la fiscalía estatal, pero ni avanza la investigación y nadie ha sido sancionado.

Peligroso coctel de violaciones

El informe concluye que en México se conjugan una peligrosa mezcla de elementos: débil sistema de justicia, cuerpos policiales mal preparados, leyes deficientes y una impunidad “casi absoluta”, lo que hace que los arrestos y las detenciones arbitrarias sean “una realidad cotidiana que abre la puerta a otras violaciones de derechos humanos persistentes en México, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

Guerrero, el activista, hizo un libro donde parte de las ideas del filósofo italiano Giorgio Agamben para construir un diálogo reflexivo en el que analiza su situación:

“Actualmente no vivimos fuera de la ley ni en la barbarie. Vivimos donde lo lícito y lo ilícito, barbarie y cultura, violencia y derecho, se han vuelto indiferenciables”.

El activista se define como parte de una comunidad que propone aplicar la ley pero es ignorada por naturaleza e intenta transmitir su cultura como una especie de salvación: “Consternados, apáticos, rabiosos, dolidos, confusos, aquí estamos”.

Cuando se le pregunta qué le diría al gobierno, Guerrero dice: “Le pediría la mínima objetividad porque con eso bastaría para lograr mi libertad. Y, por otro lado, le pediría justicia porque esa es una palabra que este gobierno nunca ha podido entender”.