+ Ahora opina que el exsecretario de Defensa de México debe ser juzgado en su país con pruebas que ya envió a México
CD. DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2020.- Estados Unidos no juzgará al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
La fiscalía general estadounidense lo acusó de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero por lo cual lo mantiene preso desde mediados de octubre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de México informaron en un comunicado conjunto que Washington pedirá a la jueza “que se desestimen los cargos penales contra Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.
El texto afirma que EU ya entregó a las autoridades mexicanas las pruebas que han reunido en el caso y se compromete a cooperar en las pesquisas locales.
Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas al norte del río Bravo, además de lavar el dinero derivado de estas operaciones ilícitas.
El general se había declarado inocente hace unos días y aguardaba la siguiente audiencia, fijada para este miércoles. Se espera que esta audiencia sirva ahora para que Estados Unidos retire los cargos contra él.
Según la justicia estadounidense, parte de las pruebas son miles de mensajes de Blackberry, intercambiados entre Cienfuegos e integrantes de la red de traficantes de droga del cartel H-2, que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al H-2 al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo a la prensa que “esto significa que Cienfuegos seguirá su proceso en México, que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos de los que le acusa EU se cometieron presumiblemente en México. Significa que las acusaciones deberán sustanciarse y probarse. Es una decisión que vemos con simpatía y que pensamos que es positiva. No la vemos como camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México”.
La decisión ha sorprendido a ambos lados de la frontera, sobre todo por el sigilo con que las autoridades estadounidenses habían conducido la investigación contra el general.
Las autoridades mexicanas se sorprendieron por la detención de Cienfuegos. Incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que pediría información al Gobierno del país vecino: “Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto y sí, vamos a solicitar a Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas”.
El mismo Ebrard dijo haber hablado con el fiscal general de EU, William Barr, para expresarle su “descontento” por cómo la justicia estadounidense había llevado el caso.
En el comunicado, las partes señalan que la FGR abrió “su propia investigación una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general”. En México no se sabe de momento qué alcance han tenido las investigaciones contra Cienfuegos. Ebrard ha dicho que Estados Unidos mandó la evidencia de que dispone y que la FGR la recibió el 11 de noviembre.
El propio Departamento de Justicia había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía ser ni siquiera puesto en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa. El juez de Los Ángeles se convenció de estos argumentos cuando lo mantuvo en prisión incondicional. Según la fiscalía, sus extensos contactos con el crimen organizado en México hacían casi seguro que eludiría la justicia. Ahora será enviado a México por decisión de ese mismo Departamento de Justicia.
En un escrito remitido a la juez encargada del proceso contra Cienfuegos, Carol B. Annon, la fiscalía estadounidense ha justificado su petición. “El Gobierno solicita a la Corte que desestime los cargos porque hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado. El Gobierno ha hablado con los abogados del acusado, que confirmaron que el acusado aprueba la moción”, lee el texto.