Valida TEPJF elección presidencial

Viernes 31 de Agosto de 2012 15:20

Escrito por agencias

Ciudad de México, 31 agosto 2012.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró valida la elección presidencial del pasado 1 de julio, con lo que se determina a Enrique Peña Nieto como presidente electo para el periodo del 1 de diciembre del año 2012 al 30 de noviembre de 2018.

Por unanimidad, los siete magistrados de la Sala Superior declararon que el proceso electoral se ajustó a todos los principios constitucionales, así como un pleno respeto a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El órgano jurisdiccional explicó que en los 300 distritos electorales, la coalición Compromiso por México obtuvo un total de 19 millones 158 mil 092 votos.

La coalición Movimiento Progresista obtuvo 15 millones 848 mil 827; el PAN un total de 12 millones 732 mil 660; Nueva Alianza 1 millón 146 mil 085 votos; otros candidatos, 20 mil 625; anulados, 1 millón 236 mil votos, y se tuvo una votación total de 50 millones 143 mil 616 sufragios.

En la sesión, el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos indicó que fueron analizados “de forma responsable” todos los argumentos y se atendió a los interesados, por lo que “a mi juicio procede declarar válida la elección y declarar a Enrique Peña Nieto Presidente”.

Recordó al priista que “no debe perder de vista que asumirá el mandato de gobernar para todos” y también destacó la participación ciudadana en la elección del 1 de julio, la cual “alcanzó dimensiones históricas”.

Manifestó ante el pleno que con el Presidente que protestará este año, serán sólo tres los que habrán pasado por el tamiz jurisdiccional.

Tras haber desaparecido los colegios electorales, dijo, la calificación de los comicios no es más un acto político, sino estrictamente jurídico: "esta resolución se basa exclusivamente en la Constitución y la ley".

Luna Ramos dijo que en ese entramado institucional, el Poder Judicial de la Federación, a través del TEPJF, otorga certeza de la legitimidad de nuestros gobernantes, con la imparcialidad e independencia exigidas, por cuanto nuestras instituciones democráticas constituyen el legado que recibimos del derecho y de las leyes.

"En efecto, ostentamos con orgullo que nuestro sistema electoral es un patrimonio público y sentenciamos que, en inmortales palabras de Cicerón: No es posible someter el Derecho al capricho personal ni infringirlo, ni desnaturalizarlo con el poder”.