México, DF, 14 de noviembre 2012.- El Presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PEM), dos iniciativas de reforma constitucional para combatir eficazmente la corrupción en el país, y reorganizar la Administración Pública Federal.
Concretar este paso, expuso, significará tener un órgano con mayores capacidades para combatir la corrupción; permitirá organizar de mejor manera la Administración Pública Federal, e incluso disminuir el número de secretarías, que pasarían de 18 a 16.
De ser aprobadas las iniciativas, añadió, el gobierno estará sujeto de manera permanente “a una evaluación de la sociedad mexicana sobre los resultados que esperan de nosotros”.
La primera iniciativa, que fue entregada a la bancada del PRI en la Cámara de Senadores –cuyo líder, Emilio Gamboa Patrón, de inmediato la hizo suya a nombre de los legisladores priistas-, y que cuenta con el apoyo de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, un órgano autónomo, estrictamente imparcial y profesional, que tendrá como principal objetivo el combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Por ello, la propuesta prevé que la comisión tenga facultades de atracción en casos de corrupción estatal y municipal que se consideren de especial relevancia.
Tras recordar que la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción fue el primero de sus compromisos de campaña, Peña Nieto dijo que esta nueva instancia buscará que el gobierno actúe con mayor eficacia en combatir las faltas administrativas y las conductas de corrupción que lamentablemente se viven en los distintos niveles gubernamentales, especialmente en el Federal.
Además, propone un nuevo sistema de rendición de cuentas y de responsabilidades administrativas. Peña Nieto precisó que en la iniciativa se considera que podrán ser sujetos de investigación tanto funcionarios como particulares que pretendan beneficiarse de actos desleales.
Señaló que la propuesta también considera la creación de un Consejo Nacional por la Ética Pública, del que formarán parte, entre otros, todos los niveles de gobierno del país y la representación social, “para que se oriente en acciones y políticas públicas que contribuyan a formar una ética en el servicio público que realmente nos permita actuar con mayor transparencia y mayor honestidad”.
Explicó que por la naturaleza y fines que perseguirá la Comisión Nacional Anticorrupción, se propone la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, y la reasignación de funciones actuales que no se enmarquen en el combate a la corrupción, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La segunda iniciativa presentada por el Presidente electo, es la relacionada con la reorganización de la Administración Pública Federal, que tiene la intención de modernizar distintas entidades públicas que lo ameritan.
Peña Nieto expresó que los principales objetivos de esta reforma constitucional son: garantizar la coordinación del gabinete y dar seguimiento a sus políticas; generar un nuevo esquema de organización, que permita mejorar la seguridad interna, tema sensible hoy entre la sociedad, y con ello recuperar la paz y la tranquilidad para todos los mexicanos; dar también un nuevo impulso a las políticas sociales para reforzar el combate a la pobreza y la desigualdad, y avanzar hacia una sociedad más incluyente y sin discriminación; así como propiciar mayores condiciones de armonía y orden en el desarrollo del país, en sus ámbitos agrario, territorial, urbano y de vivienda.
La iniciativa fue entregada a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y cuenta con el apoyo de la bancada del PVEM en esa instancia legislativa. El líder de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, a nombre de sus compañeros de bancada, hizo suya la iniciativa.
El Presidente electo señaló que la iniciativa propone la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Gobernación fortalezca su autoridad para garantizar la seguridad y protección de la población. Se propone, añadió, que ésta asuma, entre otras funciones, la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También propone, continuó, que la Segob tenga la conducción de las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario, y la de ejercer el mando sobre la Policía Federal.
En materia de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación estará facultada para encabezar los trabajos de promoción, así como dar atención y seguimiento a las recomendaciones que emitan los órganos competentes en la materia, para asegurar su cumplimiento.
Peña Nieto subrayó que la iniciativa propone que la Secretaría de Desarrollo Social sea el área responsable de cumplir con el compromiso asumido en su campaña para combatir la pobreza y la desigualdad, que son dos objetivos importantes de lo que será la política social del Estado mexicano.
La propuesta de reforma considera la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, haciendo evolucionar lo que hoy es la Secretaría de la Reforma Agraria, que tendrá como propósitos, entre otros, la protección de los derechos agrarios y la coordinación con las autoridades estatales y municipales de la planeación y ordenamiento del territorio nacional y los asentamientos humanos, bajo criterios de desarrollo sustentable.