México, D.F., 3 de Septiembre 2013.- Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la presente legislatura habremos de desahogar de manera responsable la Ley General del Servicio Profesional Docente, con el fin de cubrir la legislación vigente del Artículo Tercero Constitucional. A partir de esta base, apoyaremos al gobierno federal para garantizar la calidad de la educación que imparte el magisterio nacional, representado tanto por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Con tolerancia y sensibilidad, perseveramos en el diálogo sin desviarnos del objetivo central de la reforma constitucional en materia educativa ni del principio fundamental de establecer mecanismos de evaluación que eleven la calidad de la educación de los niños y los jóvenes del país, sostuvo el diputado federal Manlio Fabio Beltrones.
Siempre serán bienvenidos quienes deseen dialogar en beneficio de la calidad educativa y presenten planteamientos concretos, pues el proceso legislativo se enriquece con propuestas precisas, sostuvo el coordinador de la bancada del PRI en reunión de evaluación con los vicecoordinadores de este grupo parlamentario.
Sabemos bien que toda transformación de profundo aliento afecta intereses y genera la resistencia de quienes desean conservar el estado actual de las cosas. Sin embargo, el debate parlamentario no puede estar sujeto a una imposición por parte de quienes piensan que el único acuerdo válido es el que corresponde a su posición y su razón, como tampoco es admisible secuestrar al Congreso y el espacio público para intentar impedir el trabajo legislativo.
Nuestro grupo parlamentario estará atento a que el gobierno federal cumpla su obligación de garantizar la calidad de la educación y de proveer lo necesario para revisar el modelo educativo, incluyendo los planes y programas de estudio y los materiales y métodos educativos, tal como señala el artículo décimo segundo transitorio de la Ley General de Educación.
¿Quién puede dudar de la necesidad imperativa de modificar una realidad que excluye actualmente a más de 7 millones de jóvenes de la escuela y, en consecuencia, del mercado laboral? Sin evaluación ni calidad, la educación seguirá perpetuando la desigualdad social y la marginación.
Seguiremos dialogando y escucharemos hasta alcanzar el punto de las decisiones legítimas y de consenso en materia de evaluación educativa, porque la democracia y la tolerancia no están reñidas con la firmeza y el cumplimiento de las responsabilidades públicas, concluyó el coordinador parlamentario.