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Aprueban ley contra lavado de dinero

+ La discuten en lo particular; PGR sería única instancia para perseguir el delito

          CD. DE MÉXICO, 26 de abril de 2011.- Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron unánimemente en lo general la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).

Ahora comenzó la discusión artículo por artículo de una ley donde resalta que la Procuraduría General de la República será la única instancia oficial del Estado mexicano que perseguirá este delito, con auxilio de unidades de análisis de las secretarías de Hacienda y Seguridad Pública.

Se pretende perseguir este delito en todo el país y se extiende hacia el extranjero, donde estará coordinada con instituciones bancarias, casas de juego, empresas y profesionales independientes, sin poner en riesgo su integridad.

Según la ley por aprobarse en definitiva, 200 mil pesos será el techo máximo de operaciones en efectivo para no ser sospechosas de lavado de dinero. Habrá atención especial a actividades “vulnerables” como son los juegos de apuestas, emisión de tarjetas de servicio o crédito; cheques de viajero; préstamos sin garantía; construcción y venta de vivienda, venta de joyas, obras de arte, automóviles, subastas, blindaje de autos, traslado de valores y entidades financieras, entre otros.

También dispone crear la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, órgano técnico especializado en análisis financiero y contable para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo titular tendrá el carácter de Ministerio Público de la Federación y dispondrá de oficiales ministeriales y especialistas en las materias relacionadas, adscrita a la Oficina del Procurador General de la República.

Se habla de 15 facultades de esta Unidad, que podrá acceder a las bases de datos de autoridades de los tres órdenes de gobierno y participar en la búsqueda y obtención de indicios o pruebas financieras y contables vinculadas a operaciones con esos recursos.