Cae el segundo en el caso Coahuila

Sábado 29 de Octubre de 2011 23:33

Escrito por Agencias

SALTILLO, Coah. 29 de octubre de 2011.- Tardaron menos de 24 horas los elementos de la Fiscalía del Estado, para detener al segundo implicado en la falsificación de documentos que permitieron el endeudamiento presuntamente ilegal en la administración estatal de la entidad.

La dependencia informó que Sergio Ricardo Flores Fuentes, del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), fue detenido la mañana de este sábado cumpliéndose una orden de aprehensión girada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Saltillo, pues se le considera presunto responsable de delitos de uso de documentos falsos y equiparados al fraude por simulación, y por su presunta intervención en la contratación irregular de créditos bancarios a nombre del SATEC, dando uso a decretos falsificados.

Sergio Ricardo Fuentes Flores fue Administrador General de Políticas Públicas del SATEC y tenía bajo su responsabilidad la gestión, trámite y contratación de créditos a nombre del estado con instituciones bancarias, así como el registro de la deuda pública.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado integró la averiguación previa correspondiente, girando la orden de aprehensión en contra de Javier Villarreal Hernández, quien salió libre bajo fianza este sábado por la mañana; y ahora contra Fuentes Flores.

 El Fiscal General Jesús Torres Charles adelanta que aparte de Javier Villarreal y Sergio Ricardo, hay otros cuatro implicados, todos del SATEC, cuya detención será solicitada. Se aplicó una fianza global de 10 millones de pesos por todos los indiciados en estos delitos que alcanzarían una penalidad de 13 años de prisión, pero al ser  tipificados como patrimoniales alcanzan la libertad bajo fianza.

El funcionario estatal se reservó el nombre del resto de los implicados “para no entorpecer las averiguaciones”, pero el Ministerio Público del fuero común ha dejado abierta la averiguación para continuar indagando, pues indicios apuntan a la probable participación de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de funcionarios bancarios en los hechos.