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Aceptó, pero preocupa al PRI revocación en Morelia

CD. DE MEXICO, 30 de diciembre de 2011.- El PRI acató la sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a la anulación de las elecciones municipales en Morelia, Michoacán, porque considera que el cumplimiento de las sentencias judiciales es condición indispensable para la estabilidad social.

Sin embargo, preocupa que basado en imputaciones sin pruebas y con valoraciones desproporcionadas, los magistrados federales revocaran una sentencia congruente, fundamentada y apegada a derecho, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán.

El PRI reitera su desacuerdo con la incorrecta argumentación en la que basaron su resolución dos magistrados, anulando el principio de certeza en materia electoral y ofreciendo condiciones para que, a través de prácticas dolosas, en procesos electorales futuros se propicien las anulaciones de las elecciones y, por lo tanto, se deje en estado de indefensión a los candidatos y partidos políticos que se apeguen a la legalidad.

En el caso de la capital michoacana, los magistrados consideraron que la portación del emblema del PRI en el calzoncillo de un boxeador no fue propaganda electoral y que, sin embargo, de manera increíble, tuvo efectos electorales ya que se usó como causa para anular una elección.

Adicionalmente a esta incongruencia, imputaron al PRI, sin prueba alguna, hechos falsos, tales como que la portación de este emblema y la transmisión del cierre de campaña del PRI por televisión por cable fueron contratadas por nuestro Partido. No obra documento alguno en el expediente que acredite que el PRI pagó por esta propaganda y, por supuesto, lo negamos enfáticamente.

Además, los magistrados no lograron cuantificar el impacto de las dos supuestas violaciones; sin embargo, fuera de toda lógica, decidieron que fueron determinantes en el resultado de la elección.

El PRI considera de extrema gravedad que, sin pruebas y con incongruencias, se tomen este tipo de determinaciones desproporcionadas que ponen en riesgo la confianza de la gente en las elecciones, cuando lo que se busca es fomentar la participación de la ciudadanía para fortalecer a la democracia, objetivo central de la Constitución y las leyes electorales.

De esta forma, con base en lo resuelto por la Sala Regional Toluca, cualquier contendiente podrá inducir, a través de terceros, condiciones que lleven a la anulación de una elección que le sea desfavorable, sin dejar rastro que permita atribuirle responsabilidad alguna.