Formal prisión a delincuentes electorales

Domingo 19 de Agosto de 2012 15:58

Escrito por Comunicado

CD. DE MEXICO, 19 de agosto de 2012.- Como resultado del trabajo conjunto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, se obtuvieron de Jueces Federales tres autos de formal prisión por la comisión de delitos electorales durante la jornada electoral del 1 de julio.

La Delegación Estatal de la PGR en Querétaro, obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en el estado, auto de formal prisión contra dos mujeres que prometieron y otorgaron mil pesos a 2 ciudadanas, respectivamente, a cambio de emitir su sufragio a favor de un candidato a un puesto de elección popular.

Este delito previsto y sancionado por el artículo 403, fracción VI, del Código Penal Federal establece: “Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral”.

En Nuevo León, obtuvo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, auto de formal prisión contra un hombre por hacer proselitismo el mismo día de la jornada electoral, delito previsto y sancionado en el artículo 403, fracción III, del Código Penal Federal que a la letra estipula: “Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en el que se encuentres formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto”.

En Sonora obtuvo del Juzgado Séptimo de Distrito en Ciudad Obregón, auto de formal prisión  contra un hombre por recoger credenciales de elector durante la jornada electoral; delito electoral previsto y sancionado en el artículo 403, fracción V, del Código Penal Federal que establece: “Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos”.

Estos delitos se sancionan con 10 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.

La Procuraduría General de la República refrenda su compromiso de aportar los elementos jurídicos necesarios para sujetar a proceso a quienes resulten presuntos responsables, ante jueces federales.