México, D.F., 29 de septiembre 2015.- En cumplimento del Programa Nacional de Destrucción de Productos Apócrifos, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), destruyó 13 millones de cigarros ilegales y apócrifos procedentes de Sudamérica y Asia.
Ante la presencia de todos los sectores relacionados con la protección intelectual y los derechos de autor, el Subprocurador José Guadalupe Medina Romero, reiteró la firme e inquebrantable voluntad institucional de hacer cumplir la ley para protegerlos y mantener la lucha contra la piratería.
Al encabezar el evento de destrucción de los productos que no cumplen con los requisitos legales y sanitarios de nuestro país, el titular de SEIDF señaló que es permanente la lucha contra las conductas ilícitas que más laceran a nuestra sociedad, por lo que la Subprocuraduría a su cargo ha realizado diversos operativos en contra de estos delitos que dañan a la economía del país y la imagen de la sociedad mexicana.
Asimismo, destacó que la clave para luchar de manera frontal contra esta ilegalidad es la colaboración entre las autoridades, iniciativa privada y ciudadanía.
El evento de destrucción de los artículos apócrifos derivados de diversas averiguaciones previas tuvo lugar en las instalaciones que ocupa la Bodega de Objetos de Delito de la institución.
Durante la destrucción se contó con la presencia del representante del Órgano Interno de Control, de los representantes del Servicio de Administración Tributaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Comisión Nacional contra las Adicciones, de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Federales (SEIDF).
Con estas acciones se cumple el mandato legal de los artículos 181 y 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prevé la destrucción de objetos de delito, como resultado del combate permanente a los ilícitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial.