Riña en penal de NL; mueren 52

Jueves 11 de Febrero de 2016 15:42

Escrito por Agencias

MONTERREY, N.L., 11 de Febrero de 2016.- Un enfrentamiento entre bandas rivales que se disputan el control del penal de Topo Chico, en esta metrópoli, provocó la muerte a 52 de los confinados tras los disturbios que antecedieron al orden impuesto en el recinto.

Hay también 12 heridos graves, citan los informes oficiales y esta mañana el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dijo que los disturbios fueron originados por una riña entre dos grupos de reclusos antagónicos, liderado uno por Jorge Iván Hernández Cantú, “El Credo”, y el otro por Juan Pedro Zaldívar Farías, “El Z-27”.

El mandatario de Nuevo León dio una conferencia de prensa donde señaló que de los 12 lesionados, cinco están graves, y dio nombres: Oscar Reynaldo Cazares González, Axel Lovato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño y Hugo Roberto Escobar Rincón, pero uno no ha sido identificado.

Familiares de los reos se manifestaron violentamente afuera del penal hasta que el gobernador acudió a informarles de lo ocurrido y facilitarles acceso a áreas donde pudieran ser atendidos. Los reclusos que participaron en la riña estaban confinados a las áreas C2 y C3 del penal, pero no se habla aún de quienes son los fallecidos.

Al final del día sería dada a conocer la lista con los nombres de quienes habrían perdido la vida. Descartó la autoridad que entre las personas lesionadas hubiese niños o mujeres que visitaban el penal y también que en la grave disputa hubiesen usado armas de fuego, pues muertos y heridos muestran lesiones con armas punzocortantes.

No se considera un intento de fuga y el gobernador confirmó que uno de los líderes de los grupos enfrentados pertenece al grupo delictivo de Los Zetas. Los reos hicieron arder la bodega de víveres y otros hechos vandálicos en el penal, hasta las 2 de la mañana que actuó y tomó el control la autoridad penitenciaria.

Personal del Ejército, la Marina y la Policía Federal asumieron las tareas de vigilancia del penal. El Estado pidió que en la vigilancia interviniera la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la averiguación del caso quedó en manos de la Procuraduría Estatal.