CD. DE MEXICO, 21 de octubre de 2012.- La ley contra el lavado de dinero, aprobada apenas en este país, protege al sistema financiero y al resto de la economía contra este delito, que según expertos asciende a unos 10,000 millones de dólares al año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Destaca que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada en lo general y en forma unánime el pasado 11 de octubre por el Senado, fija medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos ilegales.
En el Informe Semanal, Hacienda expone que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los países y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2 y 5% del PIB mundial. Además, los recursos ilícitos pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra.
La SHCP refiere que la estabilidad financiera mundial depende de medidas colectivas a escala internacional que puedan adoptarse, pero también de la eficacia de los sistemas nacionales.
Las sólidas estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son fundamentales dentro del sistema internacional de regulación, supervisión y fortalecimiento del marco financiero mundial.
En este sentido, subraya, la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México adopta los criterios internacionales más avanzados en materia de lavado de dinero y al mismo tiempo, se establece un sistema de vanguardia para prevenir y combatir este delito.
Tras hacer un recuento de las acciones implementadas en México para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la dependencia menciona características de la nueva legislación antilavado y entre ellas destaca restricciones a operaciones comerciales y financieras susceptibles para lavar dinero, así como la verificación de identidad de clientes y usuarios a entidades e intermediarios no financieros.
También las nuevas obligaciones a entidades financieras para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones consideradas como vulnerables, y nuevas facultades a la SHCP y la Procuraduría General de la República para recabar información que permita cortar el flujo de dinero proveniente de grupos delictivos.