CD. DE MEXICO, 21 de Marzo de 2015.- Los inversionistas que acudan al llamado a desarrollar proyectos para explotar energéticos deben analizar los riesgos de seguridad pública cuando creen su infraestructura, lo cual les obligará a invertir en estrategias de seguridad en México como lo hacen en otras partes del mundo.
En un informe, el grupo Woodrow Wilson Center pide "Responder a las expectativas de la industria petrolera: los desafíos de seguridad en el noreste de México y las respuestas del gobierno". Su representación en México advierte que las dos entidades con más planes en el rubro energético, Tamaulipas y Veracruz, son también las que mayor crecimiento en la presencia del crimen organizado en los últimos años.
Ejemplificó con el robo de hidrocarburos en ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos en estos dos estados, que el año pasado reportaron 935 tomas clandestinas, 25% del total nacional.
Tamaulipas tiene cuatro centros procesadores de gas, además del polo petroquímico en Altamira, la refinería Madero y los centros de tratamiento y distribución de Reynosa y Madero; esta entidad es la mayor proveedora de gas del país, por el complejo Burgos, que aporta 26% de la producción.
En Veracruz cuenta con 2 complejos gaseros, la refinería de Minatitlán, 5 petroquímicas y 18 terminales de almacenamiento; en sus 11 puertos exporta el 52% de toda la exportación de México.
En el informe se cita que la paz y bienestar en Tamaulipas se deterioró de 20 a 40% en la última década; sólo en abril del 2014 se reportaron 35 incidentes mortales relacionados con el sector energético. En Veracruz se deterioró de 5 a 20% al crecer cárteles como el del Golfo y Los Zetas.
Estas dos entidades reúnen la mayor parte de los recursos prospectivos y reservas que se licitarán en la Ronda Uno de contratos para exploración y producción de hidrocarburos en el país. Aunque el gobierno ha ejercido presión para inhibir acciones criminales, acercarse a la meta implicará un desembolso adicional para los inversionistas, según.
El jueves, el Senado aprobó la nueva Ley para Prevenir y Sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que incluye las figuras de sabotaje y terrorismo contra instalaciones petroleras y establece penas de hasta 35 años de prisión por robo de combustibles.