Empresarios, en el plan económico de México

Miércoles 04 de Enero de 2017 18:12

Escrito por Agencias/Muralsonorense.com

CD DE MÉXICO, enero 4 de 2017.- El sector empresarial impulsará una “agenda de prioridades económicas” a partir de enero, para detonar el crecimiento anual del país, de acuerdo a la expresión de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde se agrupan las organizaciones de la iniciativa privada más importantes de México.

Según el líder de empresarial, la iniciativa privada mexicana no se quedará con los brazos cruzados frente al crecimiento inercial que se registró durante 2016, año que permitió un ascenso de 2.4% y unos 700 mil nuevos empleos formales, aún cuando se tenía planeado mayor crecimiento.

La cúpula empresarial considera que los mayores retos del gobierno durante 2017 para superar ese crecimiento logrado en 2016, será obtener resultados de programas emprendidos, que definió el dirigente como “cosechar las oportunidades que se sembraron”.

Habló de la aprobación de las reformas estructurales como una forma de defender los intereses del país al plantearse la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y para garantizar un clima de seguridad. Estas demandas son parte del plan de trabajo promovido por los líderes de las principales cúpulas privadas del país.

En el gasto público, evitarán los subejercicios y vigilarán que los recursos federales se liberen a estados y municipios, siempre cuidando que se ejerzan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, además de privilegiar el gasto en inversión y en adquisiciones del sector público.

Plantea la conveniencia de destinar 35% de las compras y obras públicas a favor de las empresas de menor tamaño, a fin de convertir la “reserva de mercado en una auténtica promotora del desarrollo de las empresas elaboradoras de productos de calidad”.

SOBRE EL TLC

La IP mexicana quiere un acuerdo comercial ganador y entregará a las autoridades un proyecto de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte capaz de garantizar una relación “ganar-ganar”.

Castañón indicó que las líneas transversales del documento son el fomento de la inversión en los sectores energético y telecomunicaciones, incorporar oportunidades de negocio en infraestructura y alimentos, mejor protección de sectores sensibles y otorgar incentivos para la incorporación de un mayor número de pequeñas empresas en las cadenas de valor.

“La modernización del TLCAN debe ser una oportunidad para la defensa del empleo y la generación de mayor inversión en las tres naciones”, apuntó el dirigente del CEE y añadió que se pueden incorporar mecanismos que faciliten la comercialización de insumos para profundizar la integración en sectores clave como el automotriz y el aeroespacial.

Otros aspectos que manejó es la necesidad de mayor velocidad de la Reforma Energética y propondrán crear la Comisión de Seguimiento para la Implementación de dicha Reforma, donde participen gobierno, empresas productivas del Estado, reguladores y sector privado con el objetivo de que no registre retrasos. La meta final es que la mayor cantidad de empresas mexicanas de micro, pequeño y mediano tamaño puedan beneficiarse de la Reforma Energética.

También el fortalecimiento del Estado de derecho. La Coparmex consideró que la viabilidad económica del país en el largo plazo depende del fortalecimiento del Estado de derecho pues mientras haya un solo rincón en el país donde los trabajadores tengan miedo de caminar a sus trabajos y los empresarios frenen sus inversiones para evitar ser víctimas de la delincuencia, será imposible consolidar el nuevo modelo económico.

Pidió aprobar la iniciativa del Mando Mixto Policial, presentada por el Ejecutivo el 2 de diciembre de 2012, aprobada por el Senado el 17 de junio de 2016, pero sigue su proceso de dictaminación en las Comisiones Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca establecer reglas claras a gobernadores y presidentes municipales, que son los responsables de garantizar la seguridad.

Implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, consideró Juan Pablo Castañón, es urgente para superar desafíos y no se puede permitir que decaiga su impulso. El Sistema será un parteaguas en la construcción de un régimen pleno de Estado de derecho democrático en México y punta de lanza para renovar a fondo la vida pública nacional, sostuvo.

Este punto, en resumen, es asegurar la aplicación de la ley en todos los niveles de gobierno, sin errores, retrasos y omisiones que contribuyan a facilitar la impunidad y acrecentar la indignación ciudadana ante casos tan graves como los de estados que, por fallida gestión administrativa y presuntos actos de corrupción, quedan sin recursos para cubrir las más elementales necesidades.