Pide Orduño más castigo para malos funcionarios

Martes 05 de Octubre de 2021 16:35

Escrito por Comunicado

+ Presenta la iniciativa en el Congreso del Estado para acabar con la corrupción

HERMOSILLO, Son., 5 de octubre de 2021.- En sesión del Congreso del Estado, el diputado Sebastián Orduño Fragoza, Coordinador de la bancada del PT, sometió a consideración de la asamblea un proyecto de decreto para reformar la Constitución estatal y la ley de responsabilidades de funcionarios públicos.

Orduño mencionó que en un momento histórico para nuestro país como este, en pleno proceso de instaurarse la cuarta transformación y que los gobiernos “realmente velen por el respeto de las y los ciudadanos”, deben anteponerse intereses para que se mejore el estado de bienestar general y poder acabar con la corrupción.

“Debemos dotar de las herramientas necesarias a quienes son los órganos encargados de erradicarla, es decir, realizar las reformas necesarias a la legislación vigente”, pidió, al señalar que con esta iniciativa propone establecer cuál será la sanción mínima y cual la máxima respecto de la inhabilitación de los servidores públicos.

Recordó que hoy, si se comete una falta grave donde la afectación no se exceda de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 17,924 pesos, la inhabilitación será desde un año hasta máximo 10. Pidió que se incremente hasta quince años.

Cuando esa afectación rebase las 200 UMAS, la ley impone como sanción una inhabilitación de 10 y hasta máximo 15 años.

“Debemos incrementarlas, que la sanción mínima sea 15 años y la máxima se eleve hasta 30 años, porque no queremos que alguien cometa algún acto de corrupción, cause daños graves al erario público, se robe el dinero de la ciudadanía, y al poco tiempo vuelva a ocupar algún cargo público”, expuso.

De igual forma, Orduño Fragosa mencionó que, aunque no se cause algún daño o perjuicio o no se obtenga beneficio alguno, pero no se actúe conforme a derecho, la inhabilitación debe incrementarse como mínimo de 3 a 6 meses y de 1 año actualmente a 3 años.

En el mismo sentido, la sanción en el juicio político debe incrementarse: La Ley establece que la inhabilitación será de un año y pudiera ser de hasta veinte años, y en la presente iniciativa se propone que la inhabilitación mínima sea de tres años y la máxima de treinta.

Incrementando las sanciones, a quienes se castigue tardarán más tiempo en ocupar algún cargo público, lo cual arrojará como consecuencia servidores públicos más honestos, al saber que si cometen alguna falta grave no será sencillo que vuelvan a ocupar ese puesto u otro, o hasta ser proveedores del gobierno estatal o algún gobierno municipal. El asunto fue turnado a comisiones para su análisis y estudio.