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Aprueban ley reguladora para identificar bienes públicos

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          Hermosillo, Son. 26 de mayo de 2011.- La Ley que Regula la Identificación de Bienes y Edificios Públicos del Estado de Sonora, aprobada hoy por el Pleno,  permitirá interrumpir la práctica de realizar cambios en la imagen institucional cada cambio de administración y también separar la actividad administrativa con la promoción partidista.

De esta manera se les garantizará a los habitantes que las autoridades se distinguen claramente como verdaderos representantes del pueblo y que no se hagan gastos que afecten los programas prioritarios en perjuicio de los que menos tienen, establece el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al que dio lectura el diputado Félix Rafael Silva López, promotor de la iniciativa.

En la sesión ordinaria se aprobó además una iniciativa con punto de Acuerdo para que esta Soberanía solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal se respeten las garantías individuales de los trabajadores del mar en el litoral sonorense y se dejen de cometer actos que vulneran los derechos humanos y que pudieran traducirse en diversos delitos, que leyó el diputado Gerardo Figueroa Zazueta a nombre del PRI, PANAL y PVEM.

Durante la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva, diputado Daniel Córdova Bon, turnó a la Comisión de Transporte una iniciativa presentada por los integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PANAL y PVEM, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transporte, de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad y de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora. Le dio lectura el diputado Otto Claussen Iberri.

El diputado Alberto Natanael Guerrero López propuso que, una vez sea analizada por las comisiones dictaminadoras, en el proyecto también se considere a los universitarios recién egresados como beneficiarios de las medidas que proponen en materia de Transporte Público.

A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Presupuestos y Asuntos Municipales, se envió otra iniciativa, ésta presentada por el diputado Damián Zepeda Vidales, con proyecto de ley que crea el instituto estatal de planeación en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y obras públicas.

Por considerar se trata de un tema en el que la visión de la sociedad será de suma importancia, el diputado Faustino Félix Chávez se sumó a esta iniciativa del legislador Zepeda Vidales.

El diputado Raúl Acosta Tapia también presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, misma que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Establecerán uso de colores en los bienes del Estado y municipios

La Ley que Regula la Identificación de Bienes y Edificios Públicos del Estado de Sonora incide perfectamente en los esfuerzos que el Congreso del Estado ha establecido en otras disposiciones sobre rendición de cuentas y austeridad en el gasto, a fin de que los recursos públicos se manejen de manera eficiente y no se eroguen por el sólo hecho de resaltar una imagen o partido cada tres o seis años.

De acuerdo al dictamen que se elaboró con base en la iniciativa del diputado Silva López, lo que se busca es crear una normatividad que establezca mínimos indispensables para el uso de colores en los bienes propiedad del Estado o Municipio, así como inmuebles, con la finalidad de evitar que en cada cambio de administración se tengan que utilizar recursos económicos para cambiar la imagen que identifica una administración en particular.

Son sujetos de esta nueva Ley el Poder Ejecutivo del Estado, sus dependencias y demás entidades de la administración pública paraestatal; el Poder Judicial y sus órganos; el Poder Legislativo; los organismos constitucional o legalmente autónomos; y los ayuntamientos y las entidades de la administración pública municipal.

Se entiende por identificación de bienes y edificios públicos, al color que se utiliza para distinguir a los bienes muebles e inmuebles físicos utilizados para ejercer la función pública, así como a la papelería oficial de la administración pública estatal y municipal, tanto la directa como la paraestatal y paramunicipal, establece la legislación.