Banner

No hay desacato del Estado ni del Sonora Si

+ Así lo confirma el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito

          HERMOSILLO, Son., febrero 26 de 2012.- Las obras del acueducto Independencia siguen adelante al confirmar el tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito con sede en Hermosillo que no hay desacato alguno por parte del Gobernador Guillermo Padrés ni del Fondo de Operaciones del Sonora SI, informó Carlos Espinosa Guerrero, Director Jurídico del Gobierno del Estado.

Fue el pasado 23 de febrero que el tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito dio a conocer esta resolución en base a la queja 87/2011, reveló Espinosa Guerrero.

 “Hoy se confirma por el tribunal Colegiado que no hay desacato, es decir que se obedecieron tal cual las ordenes que los jueces han dictado, en este caso la Juez Octavo de Distrito en el expediente 10/21”, explicó Espinosa Guerrero.

Con esta resolución se confirma por segunda ocasión que el Gobernador Guillermo Padrés no ha incurrido en ningún tipo de ilegalidad, pero tampoco Enrique Martínez Preciado en representación del Fondo de Operaciones del Sonora Si y el mismo Fondo.

En el mes de diciembre de 2011 fue la misma Juez Octavo de Distrito quien reconoció en uno de sus fallos que el Gobernador Padrés no incurrió en ningún desacato, pero argumentó que sí lo había por parte del Director de CEA y del Fondo de Operaciones del Sonora SI, resolución que este 23 de febrero fue rechazada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

 “En la queja 87/2011 se resuelve el 23 de febrero pasado confirmando que no hay desacato por lo que toca al Gobernador Guillermo Padrés pero tampoco hay desacato en la figura del FOSSI y de Enrique Martínez Preciado”.

En ese sentido las obras del acueducto Independencia no se detienen, siguen adelante porque nosotros estamos en lo correcto, aseguró.

Adelantó que en cuanto al fondo del amparo interpuesto por los opositores al Sonora SI, el Estado está seguro que las autoridades le darán pronto la razón debido a que siempre prevalecerá el interés público sobre el privado, es decir, el beneficio de las mayorías.

Aún con mayor razón, dijo, después de que el derecho al agua para consumo humano quedó especificado como una garantía constitucional el año pasado.