+ Así lo plantean diputados aliancistas
HERMOSILLO, Son., 11 de marzo del 2012.- En crisis de legalidad se encuentra la Procuración de Justicia en Sonora, luego de que el Gobernador no enviara al Congreso del Estado la propuesta de nombramiento, conforme a los tiempos establecidos por la Constitución Política local.
El coordinador de la bancada del PRI, Roberto Ruibal Astiazarán, informó que el día de ayer 8 de marzo venció el plazo para que el Mandatario sonorense nombrara al nuevo Procurador de Justicia y enviara dicho nombramiento al Congreso del Estado para análisis y probable ratificación.
Sin embargo, al no hacerlo, se genera un grave vacío legal porque no se puede seguir con un encargado de despacho y mucho menos con un Procurador provisional, apuntó el legislador priísta. Las disposiciones de un reglamento “no están ni estarán nunca por encima de lo que establece nuestra Constitución”.
Explicó que de acuerdo al artículo 98 de la Constitución Política del Estado, el Gobernador debe nombrar al Procurador dentro de los primeros treinta días del inicio de su administración o, en su caso, en los primeros treinta días contados a partir de la salida, por cualquier circunstancia, de quien desempeñe dicho cargo. Este último supuesto es el que aplica en el tema en nuestro Estado.
Señaló que la posibilidad de nombrar un Procurador provisional solo aplica en caso de que el Congreso del Estado no ratificara o rechazara la propuesta que formule el Ejecutivo, que no es este el caso.
En ese sentido, continuó a su vez el diputado Bulmaro Pacheco Moreno, cualquier documentación que firme quien, en su tiempo, fue designado como encargado de despacho, Carlos Navarro Sugich, podría ser sujeta a juicios de amparo, afectando la validez de dichos actos en perjuicio del interés general de los sonorenses, pues el Procurador es el encargado de perseguir los delitos y buscar su sanción.