Atrapa la FGJE a banda de estafadores
HERMOSILLO, Son., 5 de septiembre de 2019.- “El robo de identidad y el fraude patrimonial, en Sonora no”, afirmó la Fiscal de Justicia en el Estado, Claudia Indira Contreras, al dar a conocer que ya están vinculados a proceso cuatro miembros de una red de defraudadores originarios del Sureste del País, imputados como quienes habrían afectado a 10 familias hermosillenses por un monto superior a los 3.5 millones de pesos.
La mañana del 3 de junio, la señora Patricia “N.”, esposa de Luis “N.”, acudió a pagar el predial de un terreno de su propiedad ubicado al Norte de la ciudad; se llevó desagradable sorpresa al exponerle el cajero del Municipio que dicho predio ya no era de su propiedad, que había sido vendido el pasado mes de febrero.
De inmediato, la pareja de esposos interpuso denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Sonora, misma que descubrió el modus operandi de una peligrosa red que robaba la identidad de sus víctimas para enajenar, en una operación fraudulenta, los bienes inmuebles de dichas personas.
Los presuntos delincuentes recorrían la ciudad para seleccionar los predios o propiedades con plusvalía, tomaban fotografías y medidas de dichos bienes, ubicaban al dueño de los mismos y robaron la identidad, generando documentos apócrifos, como credenciales de elector y pasaportes falsificados o alterados.
Con esas identificaciones solicitaban información al Registro Público de la Propiedad y obtenían copias certificadas de escrituras públicas; a partir de ahí, recababan el certificado de libertad de gravamen, constancias auténticas de que el bien inmueble no tenía adeudos ni era sujeto a embargo.
Adicionalmente contrataban publicidad para promover la venta de los predios seleccionados en medios impresos. Ahí describían el fraccionamiento o colonia, ubicación de la propiedad y el número celular del vendedor fraudulento.
A los posibles compradores, y como parte de la estrategia delictiva, los invitaban a visitar las propiedades; una vez acordado el precio, el presunto defraudador citaba al comprador de buena fe en una Notaría Pública.
El día de la formalización de la operación, los imputados portaban identificaciones apócrifas de los propietarios reales del bien inmueble, copia de escrituras públicas, certificados de libertad de gravamen, e incluso constancias de no adeudo de agua, luz y predial, todo en el marco de una aparente legalidad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado creó un grupo especial de investigadores conformado por Agentes del Ministerio Público, designado exclusivamente para atender el caso, y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, adscritos a la Dirección General de Investigaciones.
La FGJE ubicó y concentró otras cuatro carpetas de investigación de modus operandi similar, bajo la premisa de que al ubicar a los criminales del caso de Luis, sería posible también identificar a los responsables del resto de los delitos denunciados.
MESA DE TRABAJO LO RESUELVE
Se instaló una mesa de trabajo interinstitucional donde participaron, por Secretaría de Gobierno, su titular Miguel Pompa Corella; la presidenta del Colegio de Notarios en Sonora, Karina Gastélum Félix y su mesa directiva; la directora general de Notarias María Inés Aragón; el vocal ejecutivo de ICRESON, Rafael Gastélum; el director de Servicios Registrales de ICRESON, Juan Carlos Córdova; el titular del Registro Público de la Propiedad, el Vicefiscal de Investigaciones, Gustavo Bustamante, el Comisario General de AMIC, Manuel Ángel Barrios, y el director general de Investigación de la Fiscalía, Juan de Dios Godoy Rentería, y se procedió a investigar y documentar lo denunciado:
1.-Mediante investigación e inteligencia y contando con la colaboración de la víctima, se lograron ubicar datos de prueba sobre los presuntos responsables de cometer los delitos.
2.- Se gestionó y logró la orden del Juez para acceder a información de los presuntos responsables.
3.- Se logró obtener la ubicación del centro de operaciones del este grupo delictivo.
4.- Mediante vigilancia se pudo constatar los pasos del modus operandi de dos miembros de esa asociación delictiva.
Se confirmó la ubicación del centro de operaciones de esta organización delictuosa, localizada en un complejo departamental ubicado en la Colonia Santa Isabel. En dicho centro, a lo largo de los días, se constató la presencia de por lo menos cuatro personas, quienes utilizaban una unidad automotriz con placas de Baja California.
El pasado viernes 5 de julio, derivado de la coordinación entre la Fiscalía de Justicia y el Colegio de Notarios, el Director de Investigaciones recibió una llamada informando que dos personas ahí presentes realizaron una compraventa y que advertían inconsistencias, por lo que solicitaban apoyo.
Las testigos, explicaron vía telefónica que el trámite de compra venta concluyó de manera usual; los presuntos defraudadores entregaron una copia certificada de la factura y el comprador un cheque por el monto de 990 mil pesos moneda nacional, que amparaba el pago acordado.
Los Agentes de Investigación Criminal llegaron a la notaria cuando ellos abordaban el vehículo y persiguieron la unidad motriz que se dirigió hasta una institución bancaria; en la fila, al querer cobrar dicho cheque, se acercaron a uno de los imputados y se le solicitó salir de la institución bancaria para leerle sus derechos al realizar la detención en flagrancia.
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