Buscan adecuar normas jurídicas locales

Jueves 14 de Mayo de 2015 16:22

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., 14 de mayo 2015.- En cumplimiento a las disposiciones que en la materia rigen en el ámbito federal, este día se presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado, iniciativas para crear la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.

En esta sesión ordinaria rindió protesta como integrante de la LX Legislatura de Sonora, el ciudadano Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza, en atención a la licencia aprobada a la diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo, y fueron turnadas a comisiones iniciativas para modificar la Ley de Educación para el Estado de Sonora y el proyecto de ley que declara el 25 de octubre de cada año como Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La diputada Mireya de Lourdes Almada Beltrán presentó, a nombre propio y de la diputada Mónica Paola Robles Manzanedo, la iniciativa con proyecto de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, misma que será estudiada por la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública.

Expuso que, por su ámbito de aplicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, distribuye competencias entre los diferentes niveles de gobierno y, en ese sentido, es deber de las entidades federativas adecuar los respectivos ordenamientos jurídicos, a fin de aplicar dicha normativa.

Además de que la misma legislación federal establece la obligación a los estados para armonizar sus leyes en la materia, en un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, plazo que concluye el 3 de junio de 2015.

De acuerdo al proyecto presentado ante el Pleno, de aprobarse esta nueva disposición, la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Sonora, publicada el 24 de octubre de 2002, así como todas sus reformas, quedarían abrogadas.

Si bien el Estado cuenta ya con una legislación vigente, sostuvo, es necesaria una nueva disposición que, junto con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quede plasmada también la reforma al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

Esta señala, entre otras cuestiones, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y agrega que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En otro de los temas de la sesión, el diputado Rafael Ariel Gómez Vargas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, la cual fue turnada por la Presidencia a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Explicó que las normas jurídicas deben actualizarse para, de esta manera, adecuarse con la realidad actual, en este caso, mediante la homologación a los ordenamientos federales en la materia, como es el caso de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

“La que sin duda servirá de norma y guía para las entidades federativas en nuestro país, por dar cumplimiento a los requisitos mínimos con que deban contar las entidades de fiscalización superior locales, previstos en la Constitución Federal”, aseveró.

Gómez Vargas propuso adicionar en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, la fracción XI al Artículo 2, para efectos de que se incluya la definición de Cuenta Pública como “el informe que los poderes del Estado y los entes públicos estatales, de manera individual para ser consolidada, a través del Ejecutivo estatal y los ayuntamientos de la entidad, y los entes públicos municipales a través de los ayuntamientos, rinden a la Legislatura local sobre su gestión financiera”.

A efecto de comprobar, agregó, que la recaudación, administración, manejo y custodia, así como la aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

También propuso que en la estructura administrativa del Instituto se cuente con las siguientes unidades: dirección general de evaluación al desempeño, dirección general de administración, dirección general de asuntos jurídicos, dirección de fiscalización de obras púbicas, dirección de innovación y dirección de tecnologías de información, entre otros aspectos.