Derechos humanos en México

Jueves 26 de Febrero de 2015 15:05

Escrito por Miguel Escobar Valdez

SAN CARLOS, Son.- Vaya vapuleada las que nos pegaron en Ginebra en los primeros días del presente mes, a propósito del persistente deterioro que experimenta la imagen de México en el exterior (y también en los confines de la Suave Patria).

Nos fue como en feria en las tres sesiones convocadas por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Los 10 expertos integrantes de la citada comisión reunida en la ciudad suiza citaron a una amplia representación del Estado mexicano y de nuestra sociedad civil, para abordar y elaborar el correspondiente informe respecto ese baldón histórico que parece caracterizar a México.

La nutrida delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos y del área jurídica de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo. A las interrogantes planteadas por los expertos de la ONU una y otra vez respecto a datos estadísticos, nacionalidades y en términos generales información confiable sobre esta historia trágica del México moderno, nunca surgió una respuesta clara, Lo que sí quedó en evidencia fueron las discrepancias en cuanto al número de víctimas: la Subprocuraduría de Derechos Humanos habló de 11,309 personas, mientras que el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México elevó el número de desaparecidos a 23,000.

Presente en la sala de sesiones se encontraba una representación de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y muy posiblemente ultimados por la connivencia entre narcos y policías de Iguala y Cocula. Por demás mencionar el impacto dramático causado por los carteles con las efigies de sus hijos colgando de sus cuellos y los angustiados rostros.

La puntilla a esa ausencia de certeza en torno en torno a las desapariciones forzadas en México la dio la esperada intervención del presidente de la CNDH, el abogado Luis Raúl González Pérez. El citado remontó la práctica de las desapariciones forzadas a la guerra sucia de los setenta y ochenta, práctica que sigue latente como lo demuestra Iguala. “Los derechos humanos se enfrentan actualmente en México a una de sus etapas más críticas y desafiantes”, acotó González”. Y advirtió: “la impunidad que la sociedad advierte, así como los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que estos derechos sean vistos más como un mero discurso o teoría que como una realidad, cuestionando la validez de las instituciones”.

Según el defensor del pueblo, obstaculizan los intentos por encontrar la verdad en materia de desapariciones la ausencia de un registro nacional transparente que permita conocer el número real de desaparecidos y diferenciar de los casos la acción de agentes del Estado o de la delincuencia organizada. Hace falta también una legislación ad-hoc. A juicio de este autor, el principal impedimento sigue siendo la carencia de un registro nacional. Es imposible enfrentar con éxito un problema si se desconocen las características del mismo. No se puede hablar de una investigación seria sobre las desapariciones si se ignora de cuántas hablamos. Si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco los programas de lucha. Mientras tanto, la tragedia se agrava porque siguen apareciendo por todos los confines del territorio nacional nuevas fosas clandestinas.

A pesar de los intentos de la delegación mexicana, en el comité de la ONU nadie quedó satisfecho. Tampoco en el Senado de California que emitió una resolución de condena por la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La resolución señala que “California se une a la comunidad internacional en expresar su preocupación por las violaciones  de derechos humanos en México”.

Tomando en consideración todo lo anterior, resulta incongruente el hecho de que el gobierno mexicano ”refute” las observaciones del multicitado Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, lo que apunta a que nuestras autoridades se niegan a aceptar la gravedad de este problema y que carecen de la voluntad política para enfrentarlo. Al respecto, Dice Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional, que la resistencia de México a aceptar las recomendaciones de la comisión de la ONU “…muestra que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a negar cualquier versión crítica del accionar de su administración”. Lo anterior pese a que las recomendaciones de la ONU están basadas en las obligaciones que México ratificó en 2008 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, obligaciones contraídas un año antes. Más claro, México es signatario de la convención de referencia.

Amnistía internacional y decenas de organizaciones no gubernamentales exigieron al gobierno de México la aceptación de las recomendaciones de Naciones Unidas.

¿Qué tan grave es el problema que data del sexenio de calderón? Según los números que da Proceso, en los 22 meses que van del mandato de Peña Nieto han desaparecido 9,384 personas. En el calderonato desaparecieron seis individuos diarios, cifra que aumentó a más del doble: 13 al día, en la actual administración.

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