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Gobierno con "pegotes padrecistas"

HERMOSILLO.- El 18 de octubre próximo se cumplirán tres años del asalto al Poder Judicial que le permitió a Sebastián Sotomayor Tovar, sin haber satisfecho los requisitos de Ley y sin haber protestado ante el Congreso, únicamente apoyado en el capricho ilegal e inmoral de Guillermo Padrés, convertirse en magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

De pronto, y sólo a unos días antes de la toma de posesión de la gobernadora Pavlovich, Sotomayor renunció al cargo de presidente (no al de magistrado, que es el que le engorda la cuenta bancaria). Uno de sus amigos dijo que no había querido estar presente en la ceremonia de quien no había sido su candidata; otros, más francos, que se le había aflojado el vientre al pensar en la rechifla que le darían doce mil o más asistentes al acto.

¿No sucedería, más bien, que la gobernadora no quiso verse obligada a mencionarlo, al agradecer la presencia de los funcionarios federales y locales, lo que habría equivalido a convalidar como legal su calidad de espurio? En esa virtud,se le sugirió a Sotomayor que renunciara, lo que no habría hecho si no tuviera conciencia de que asumió el alto cargo llenando de lodo las escalinatas del Palacio del Poder Judicial.

No obstante, sigue ahí, mientras los documentos falsificados que acompañaron a la propuesta de Padrés al Legislativo y la maniobra de imprimir el decreto del nombramiento a espaldas de los diputados, demanda a gritos que se vaya de la magistratura o que lo corran.

¡Lástima que no haya asociación o barra o colegio de abogados sonorenses respetuosos de la ley y amantes de la justicia capaces de arrancar tal pegote de este gobierno cuya lucha prioritaria, ha pregonando, es contra la corrupción!

El otro pegote oprobioso es Raúl Ramírez, impuesto por Padrés en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ratificado, al cumplir el primer cuatrienio, en diciembre de 2013, con la complicidad de los diputados priistas que no convocaron a los ciudadanos interesados en competir por el puesto, como lo previene la Constitución.

Es del pleno conocimiento público que Ramírez actuó contra las normas y desacató las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque hizo el papel de lacayo, a las órdenes de Padrés. Lanzó a la calle a cuarenta jefes y jefas de familia para dar las plazas a sus amigos, y sobre todo, a sus amigas, se convirtió en viajero internacional frecuente.

Nadie desconoce que puso oídos sordos a los abusos cometidos por el gobernador y su esposa contra Gisela Paraza Villa y cubrió los indicios de homicidio contra María de Jesús Llamas, en Guaymas, aparte de tropelías medianas y menores.

En diciembre próximo todavía le faltarán dos años en el puesto, tiempo al que estaremos condenados a verlo allí, en su bien pagado puesto, tramposamente obtenido, inmoralmente ocupado, si no se emprende una acción para mandarlo a su casa, a otro estado y, si es posible, a otro planeta. Si se buscan fundamentos para echarlo, quedaron enumerados en los párrafos anteriores, pero se puede agregar todavía que ha administrado el presupuesto sin el contrapeso de la comisión de ciudadanos que ordena la Ley; no ha rendido todos los informes a que está obligado, ante el Congreso;  y en los dictámenes del ISAF hay observaciones que no ha resuelto, es decir, hay dinero desaparecido.

Estos dos pegotes, como pústulas infectadas, afean el rostro del recién estrenado gobierno. Urge el bisturí.

(La palabra pegote, no pegoste, es la correcta).