Sonora: lo que también debe cambiar

Domingo 10 de Enero de 2016 17:35

Escrito por Bulmaro Pacheco M.

HERMOSILLO, Son.- En su momento, el gobernador Eduardo Bours dijo: “Ni una notaría más en el sexenio”... y lo cumplió.

En los seis años de su gobierno solo hubo tres sustituciones: Eliseo Morales (94) en Cananea, Carlos Galindo Meza en Agua Prieta (21) y Carolina Montiel Reyes (77) en Hermosillo.

La última notaría otorgada días antes de terminar el gobierno de Armando López Nogales (la número 100) fue para Ruth Acuña en Alamos. El sexenio panista rompió la marca histórica en la asignación de notarías: Empezó con la 101 para Ernesto Muñoz Quintal y otorgó 24 en total; entre nuevas creaciones (14) y  sustituciones (10).

En el gobierno de Guillermo Padrés, el asunto de las notarías empezó a sonar cuando desde el Congreso del Estado la fracción priista denunció tráfico de influencias, al trascender que el recién nombrado Director General de Notarías Octavio Gutiérrez -aprovechando su puesto, no tardó en adjudicarse una notaría (la 95) llevando como suplente a su propia esposa.

Los señalamientos tenían como base la Ley de Responsabilidades, que prohíbe a los funcionarios decidir en su propio interés los asuntos encomendados por las leyes en su función pública.

Por supuesto que nada pasó. El Ejecutivo estatal Padrés se mofó de los diputados y sin hacer mucho ruido, con el tiempo cambió al funcionario aludido, que sin pena ni gloria se convirtió en un poderoso e influyente notario sobre todo en asuntos de transporte y los relacionados al Ayuntamiento de la capital del estado, entre otros.

Volvieron a ser noticia las notarías cuando del despacho del propio Ejecutivo estatal salió la instrucción de quitarle la patente al notario Adrián Manjarrez Díaz, “por andarse metiendo con los dirigentes del Movimiento por el Agua o el No al Novillo”, dando fe en documentos utilizados por estos para fundamentar denuncias y gestiones ante las autoridades correspondientes.

En el cierre de la notaría -para que se sintiera la fuerza del Estado- hubo exceso de fuerza policiaca y despliegue ante los medios de comunicación, como si se tratara de una película. La policía se prestó a un montaje como si hubieran aprehendido a un criminal. En el fondo era una especie de mensaje cifrado para el resto de los notarios: “Cuidado con andarse metiendo en asuntos delicados que tienen que ver con movimientos opositores al gobierno estatal”. Sobre aviso no hubo engaño y todo esfuerzo por reparar el daño durante el sexenio fallido fue en vano. A Manjarrez -después de 4 años- la gobernadora Claudia Pavlovich -en un acto de justicia- le regresó la patente de notario.

Posteriormente, primero como un rumor, y después como una realidad, se supo de políticos panistas impulsados desde el Poder con proyectos de convertirse en notarios públicos.

Y al final del sexenio las notarías volvieron a sonar cuando algunos priistas pidieron y/o les hicieron oferta de notarías para ellos o para parientes, si se portaban bien. Eran los tiempos de los altos costos políticos, donde todo se aprobaba en una noche de diciembre con la legislatura pasada.

El gobierno de Padrés desde un principio no vio las notarías en su concepto tradicional (asesores jurídicos, calificadores e imparciales redactores y dadores de fe). No. Vio en esas concesiones la posibilidad de promover panistas y hacer negocios. -“Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no?”.- De origen y en la mayoría de los casos quisieron vincular la asignación de notarías a los cercanos al gobierno para el manejo de negocios derivados del ejercicio del poder, donde la función notarial juega un papel importante en relación con los mecanismos regulatorios de las administraciones públicas.

También para asegurarle un futuro decoroso a militantes del PAN cercanos al grupo en el Poder o simplemente a recomendaciones de aliados para entrarle a la competencia notarial aún en realidades que incluso no ameritan el número de notarías que ahora tienen, como por ejemplo: Magdalena (Jesús Torres Chávez, 105), Poblado Miguel Alemán (Jesús Alberto Enríquez, 111),San Luis Río Colorado (Ixtaccíhuatl Murillo 110) y Etchojoa (Martín Guillermo Leyva Romero, 108) ¿Que no había aspirantes en esos municipios que debieron mandarles gente de fuera?.

Fue así como de la noche a la mañana convirtieron en notario público a quien de origen trabajara en los gobiernos del PRI, y posteriormente en el sexenio del PAN e iniciara como subsecretario de Enlace Legislativo, después notario (101) y al final como magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral: Jesús Ernesto Muñoz Quintal. A Muñoz no le ha ido mal y ha trascendido que la notaría de su propiedad sigue siendo considerada como “despacho divino”, para efecto de la concentración de trámites oficiales tanto de particulares como de organizaciones sindicales.

Al nombrarlo subsecretario de Gobierno, después notario público y posteriormente enviarlo al Tribunal Electoral “para lo que se ofreciera”, el gobierno panista cerraba una pinza, tal y como lo hizo con otras instituciones estatales en su frenética idea de prolongarse en el poder.

Alfredo Ortega López debutó como diputado local por el PRI en el gobierno de Eduardo Bours. Algo pasó que después se convirtió al PAN, compitió contra Otto Clausen por la diputación en el XV Distrito y al iniciar el gobierno panista se desempeñó como director de Vinculación de los Cecytes. También fue investido como Notario Público No. 13 y ejerce en Guaymas.

A René Francisco Luna Sugich Uriarte, vocal ejecutivo del acueducto Independencia, coordinador de los regidores panistas en el gobierno municipal de Javier Gándara, subsecretario de Gobierno y presidente del PAN en la capital del Estado, tampoco le fue mal. Tiene la notaría 102 con ejercicio en la capital, con suficiente influencia a finales del sexenio.

Sergio César Súgich Encinas se desempeñó como  representante propietario del PAN ante el IFE primero, y después como Comisionado político ante el IEE y PC. Ahora tiene la notaría 107 en la capital.

Dolores Alicia (Doliza) Galindo Delgado, hermana del presidente municipal de Nogales, primero fue designada directora del Archivo Histórico del Estado, posteriormente dirigió el Instituto Estatal de la Mujer y al final obtuvo también la notaría No. 70 para ejercer en Nogales.

A Cajeme no le fue mal en la distribución de notarías sexenales: Víctor Manuel Landeros Arvizu ejerció primero como jefe de la Policía del alcalde Manolo Barro, posteriormente el Ejecutivo estatal lo promovió a la Unidad Estatal de Protección Civil y finalmente obtuvo notaría, la número 52 de Cajeme. La lista para ese municipio se completa con los nuevos notarios  Roberto De la Peña Dignfielder secretario del ayuntamiento de Cajeme (que nadó de muertito como jurídico del COBACH) notaría 30, y Servando Pablos Salgado el 48, impulsado por el Colegio de Notarios.

No podía faltar Navojoa con otro filopanista Jorge de Jesús Martínez Almada investido como el notario público número 20.

En su defensa, el panismo dice que: “Ellos lo hicieron porque antes también se hacía”. Ha sido la ruta fácil y cómoda para justificar el conjunto de tropelías cometidas por el gobierno del PAN en el pasado inmediato donde, como se ve, la función notarial tampoco fue la excepción.

Se debe reconocer que en Sonora existen hombres y mujeres que desempeñan la función notarial con dignidad, honradez, capacidad y profesionalismo y también a quienes les costó esfuerzo y trabajo llegar a ser notarios. Aquí lo preocupante es la simulación en la que cayeron los panistas al saturar de notarios a Sonora con militantes de ese partido, aparentando que cumplían con los requisitos. La forma es fondo.

Porque surge la interrogante, ¿con qué ánimo, los aspirantes -o quienes por años han estado en la antesala de una notaría- van a concursar esperanzados en la ley viendo las relaciones, las formas y los antecedentes de la mayoría de los que fueron ungidos entre 2009 y 2015?

Es la tan publicitada crisis del estado de Derecho, una asignatura pendiente de los tres niveles de gobierno, donde mucho se promete pero poco se hace.

Eso debe cambiar ya. Fomentar piso parejo para todos los aspirantes y abrir la igualdad de oportunidades para quienes aspiren a desempeñar la función notarial, evitando la concentración en familias, los despachos divinos monopolizadores de asuntos y los abusos sexenales.

Sonora se encuentra rezagado en esa materia, si comparamos lo que se ha hecho en entidades como Coahuila, Nuevo León y el Distrito Federal que han modernizado su legislación notarial. Han puesto candados a todos aquellos aspirantes a notarios -que al mismo tiempo son servidores públicos. Han abierto a concurso con examen de oposición sin simulaciones, la asignación de notarías para evitar que se sigan otorgando como aquí.

La grave confusión ético-política y las violaciones a que fueron sometidas las leyes, las instituciones y la moral pública en el sexenio perdido y el desparpajo en que cayó el sector público estatal en Sonora, dejaron ver el  vacío legal, político e institucional en que cayó el Estado en su administración pública, y muestra en forma descarnada la ausencia de contrapesos efectivos y mecanismos eficaces para evitar -y en su caso sancionar- estos abusos y excesos sin complicidades.

La actual crisis institucional rebasa cualquier tipo de interpretación que busque ver los problemas como una simple anécdota u ocurrencia, o de revanchismo hacia el pasado. Sonora está mal, ahí están las pruebas, y debe actuarse en consecuencia en éste tema.

El desprecio por el estado de Derecho que padecimos durante seis 6 (burlar las inhabilitaciones, robarse el dinero público, colonizar la administración pública, no rendir cuentas, pelearse con otros Poderes, acallar disidentes, mofarse de las denuncias) dañó gravemente al Estado a la par de los daños materiales y financieros publicitados en los últimos meses.

El panismo se queja en forma recurrente de que se trata de una “campaña en su contra con tintes políticos”, mientras cada día se le descubren más atrocidades a su llamado gobierno del Cambio. ¿Que esperaban después de tantos daños? La gente espera medidas radicales y severas sanciones contra quienes expoliaron la función pública estatal, incrementando como nunca los niveles de corrupción en la entidad que por lo que se ve, no tuvo límites, ni hizo excepciones. ¿Ejemplos? Ahí Están.

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