Guardería ABC, herida abierta
CD. DE MEXICO.- El libro de testimonios, Nosotros somos los culpables. La tragedia de la guardería ABC (Grijalbo, 2010), escrito por Diego Enrique Osorno, pone en claro un conjunto de hechos graves cuya atroz consecuencia derivó en la calcinación de 49 niños y de 75 con secuelas y lesiones perdurables.
En una suerte de coro monumental de voces, el lector de Nosotros somos culpables tiene acceso directo a los testimonios y los argumentos de los padres y madres de niños fallecidos y sobrevivientes, tíos y abuelos, ciudadanos, vecinos, rescatistas improvisados, funcionarios, políticos, dueños y empleadas de la guardería, maestras, trabajadores, policías y bomberos.
La conflagración sorprendió a los habitantes de Hermosillo, Sonora, el aciago 5 de junio de 2009, un hecho inhumano que acaparó la atención de medios de comunicación por la horrenda mortandad de criaturas inocentes, única e inimaginable en la vida de cualquier sociedad.
Tras cumplirse más de un año de la muerte colectiva de las criaturas y pese al fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos que los jefes de familia cuya única resignación ha sido y es la ansiada justicia, no dan por cerrado el caso y ahora van a las instancias y tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Así se pone en la escena internacional el caso de la guardería ABC, quizá inspirados por Martin Luther King, quien desde la cárcel de Birmingham afirmó: “La injusticia en un lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.
Hasta ahora, Nosotros somos los culpables ha servido de vacuna contra la desmemoria, y a futuro será un valioso documento testimonial de un hecho injustamente juzgado por el máximo tribunal mexicano. Ahora bien, el libro de Osorno no es una investigación judicial; lo documentado va por otra pista, pues pone el foco en dilucidar cómo el incendio se magnifica en su poder letal precisamente por una situación precedente de negligencia. De ella participan los dueños de las guarderías subrogadas, el gobierno de Sonora y del IMSS.
Los dueños habían usado su poderosa influencia para obtener subrogación de la estancia infantil, sin previa licitación, experiencia y compromiso en el cuidado de lactantes y niños menores. A cambio ofrecieron una atención improvisada y precaria, las encargadas carecían de estudios y recibían salarios paupérrimos. De acuerdo a sus testimonios, los propietarios dicen que nada más eran “socios capitalistas” y se desentendían del correcto funcionamiento de un negocio con abultadas ganancias.
Los propietarios, el IMSS y el gobierno de Bours no se tomaron en serio la advertencia del arquitecto José Ascensión Verdugo Ibarra llamado para evaluar la guardería ABC: “No es bueno que se habilite una bodega como guardería, ésta debe ser un inmueble de alta seguridad”.
Por su parte, Osorno —apoyado en los testimonios y su investigación— sostiene que el incendio de la guardería ABC fue causado por el quebranto del Estado de Derecho. El contubernio entre autoridades y particulares es tan evidente que no le pide nada a la definición de delincuencia organizada que prevé la ley.
Las estancias infantiles bajo el esquema de subrogación del Seguro Social están erigidas en un esquema perverso e ilegal. El cuidado de los hijos de trabajadores se volvió una mina de oro para cierta élite ligada con el gobierno. Sigue siendo increíble que el grupito de matrimonios aficionados a viajar a Las Vegas o Denver los fines de semana, los que pagaban su escaparate de las vanidades en las páginas sociales de los diarios de Sonora —los dueños de las guarderías subrogadas del IMSS—, haya eludido el poder de una justicia certera.
El libro señala el manejo frívolo y la impericia en la función pública del ex gobernador Eduardo Bours; del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar; de Daniel Karam, director del IMSS, y otros funcionarios.
A ellos los exhibió el hecho contundente y trágico de que hijos de trabajadores eran mal cuidados en una bodega de Hermosillo, el pavoroso desastre, la corrupción de siempre, así como el intento de autoridades locales y federales por manipular el luto y la inconformidad de un grupo de jóvenes padres de familia —honestos trabajadores— en un episodio negro de la historia de México, equiparable —sin exagerar— a la matanza de Tlatelolco.