Entre el asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez y el despido de la periodista Carmen Aristegui, por cuestiones de censura, media un siglo.
Y aunque no hay comparación entre la privación de la vida y el despido laboral, los casos fueron homologados en la Cámara de Diputados para dar cuenta de una situación penosa en el México contemporáneo, la violación al derecho de la libertad de expresión.
Así, el despido de la periodista Carmen Aristegui de la empresa Multivisión fue tema de debate e indignación en la cámara baja por parte de todas las fracciones, a excepción del PAN.
Particularmente el PT exigió la inmediata reinstalación de la conductora, pues la orden provino directamente de la Presidencia de la República, denunció en una larga disertación el diputado más polémico y odiado por los panistas, Gerardo Fernández Noroña.
El tema le mereció también un comentario a la aún dirigente del PRI nacional, Beatriz Paredes, la que había estado ausente desde las elecciones de Guerrero, donde perdió el candidato priista.
Antes del aplauso nutrido de sus compañeros de bancada, la diputada tlaxcalteca expuso que en México la crítica es indispensable. No es Carmen Aristegui sino la libertad de expresión la que está en juego, refirió.
Luego de lo cual, un diputado del PAN pidió amablemente la palabra, la que le fue concedida. Le preguntó a la priista si ya se le había olvidado que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pidió asimismo el despedido de Guillermo Ochoa. No hubo más comentarios por parte de los priistas.
Aunque claro que con un mal no se remedia otro mal, como lo suponen los panistas cada vez que se defienden.
El origen del debate fue la acusación de un problema grave de alcoholismo del presidente Felipe Calderón; de ahí que saliendo del marco de la grilla, el diputado Jaime Cárdenas del PT, expuso que es necesario, independientemente de las críticas que puedan hacerse al Presidente de la República en turno, que todos los altos funcionarios hagan público su expediente médico, ya que están en juego los intereses del país.
Y así debería ser, pero la Constitución Mexicana no prevé situación similar, por lo que a juicio del diputado Juventino Castro y Castro, jurista de profesión, tan sólo por una cuestión de presión de la opinión pública podría dimitir el presidente de México; el poder legislativo no puede exigirle exámenes médicos, aún teniendo el mandatario un problema de adicciones.
Durante el debate, comenzó a circular en las redes sociales de internet y los correos electrónicos una demanda en contra del diputado Gerardo Noroña, por parte de su suplente en la cámara baja, María Alma Velázquez Rivera; por incumplimiento de promesas de campaña a la gente de Iztapalapa.
Y le solicita su renuncia porque tampoco ha cumplido con sus actividades legislativas y todo este tiempo se le ha ido en puro show, le reclama la suplente y hasta lo califica de “porro dentro del Congreso".
La situación no inmutó al petista, que se mofó del PAN, que en una intervención en tribuna leyó el escrito. Los minimizó y minimizó sus triquiñuelas para hacer que se fuera del Congreso, porque ellos están detrás de la denuncia, dijo.
Y todo porque no soportan que se le diga alcohólico al presidente Calderón, aunque no reclamen ya que se le llame usurpador de la presidencia.
La crispación en la Cámara de Diputados continuó también esta semana, lo cual buscará evitar a toda costa el presidente Carlos Ramírez Marín, a través de la revisión de las reservas hechas al nuevo reglamento, y sobre todo, buscará llegar a un acuerdo con los diputados para evitar el ambiente ríspido, y poder desahogar la agenda legislativa, sin tener que suspender las sesiones por falta de orden y condiciones para continuar.