México, DF, 25 de mayo 2011.- El día de ayer el Presidente Felipe Calderón promulgó la nueva Ley de Migración, que es el resultado de un enorme esfuerzo de corresponsabilidad, discusión, diálogo y conciliación que inició en el Poder Ejecutivo y se materializó en el Congreso de la Unión.
La labor de construcción de la ley comenzó en la Secretaría de Gobernación, quien desde 2008 y hasta finales de 2010 se dio a la tarea de elaborar un primer anteproyecto, tomando en cuenta opiniones y propuestas de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Más tarde, un grupo de trabajo de senadores de varios grupos parlamentarios y representantes de la propia Secretaría de Gobernación afinaron la propuesta de Ley de Migración y reformas a diversos ordenamientos legales en la materia. La iniciativa finalmente se presentó ante el Pleno del Senado el 9 de diciembre de 2010.
Con 85 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó la iniciativa el 24 de febrero de este año. Un par de meses más tarde, el 29 de abril, 432 diputados ratificaron la minuta enviada por los senadores, nuevamente sin votos en contra ni abstenciones. Esto habla de la trascendencia del tema, así como del consenso que los mexicanos hemos alcanzado en torno a la migración.
La ley promulgada por el Presidente Felipe Calderón es de la mayor trascendencia pues promueve la protección efectiva al migrante, moderniza la gestión migratoria, distribuye con claridad las competencias de las autoridades y fortalece la seguridad en el país. Entre sus objetivos fundamentales, podemos resaltar los siguientes:
• Establecer obligaciones de coordinación para todas las autoridades vinculadas con el tema migratorio, para la persecución y prevención de delitos de los que son víctimas los migrantes.
• Crear un Centro de Evaluación y Control de Confianza, en el que se evaluará permanentemente al personal del Instituto Nacional de Migración (INM), para garantizar que actúen bajo los principios de legalidad, profesionalismo y honradez.
• Establecer sanciones a la autoridad migratoria por violaciones a los derechos de los migrantes.
• Eliminar las disposiciones que favorecían la arbitrariedad o que propiciaban la corrupción por parte de los servidores públicos.
• Ordenar los flujos migratorios y fomentar el movimiento internacional de personas en forma documentada.
• Proteger el mercado laboral nacional, a través de un sistema de cuotas y de apertura de empleo a los extranjeros de forma ordenada y segura y facilitar el retorno y la reinserción a la vida nacional a los mexicanos que vivieron en el exterior.
• Sustituir las calidades migratorias actuales por condiciones migratorias más claras y concretas.
• Garantizar un sistema efectivo de protección de los derechos de los migrantes independientemente de su condición migratoria.
• Armonizar nuestra legislación con los compromisos internacionales que hemos adquirido, particularmente en materia de derechos humanos.
• Concluir un proceso de descriminalización de los migrantes, mediante la eliminación del delito previsto en el artículo 156 del Código Penal Federal que establecía una pena de uno a dos años de prisión al extranjero que habiendo sido expulsado del país, se internara a éste nuevamente.
Esta nueva ley representa el avance más importante en materia migratoria que México ha dado en los últimos 80 años y refleja el compromiso del Estado Mexicano para generar procesos migratorios que no sólo no criminalicen a los migrantes sino que propicien el castigo a quienes pretendan abusar de ellos y pongan especial atención en la protección integral de sus derechos.