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El primer mito: “no hay estrategia, es sólo uso de fuerza”

Conoce los argumentos que desmienten este mito en la primera entrega de los 10 mitos de la lucha por la seguridad.

Algunos consideran que el Gobierno Federal no tiene una estrategia y centra el combate al crimen organizado solamente en el uso de la fuerza. Afirman que las “balas” son la única herramienta empleada para garantizar la seguridad. Éste, como otros, es un mito, porque desde el inicio de la administración se cuenta con una Estrategia integral en la que el uso de la fuerza pública es solamente uno de sus ingredientes.

Las acciones, programas y procesos incluidos en la Estrategia Nacional de Seguridad han involucrado desde un principio, horas de planificación y análisis permanente de las distintas alternativas así como de los riesgos de la inacción ante la delincuencia organizada. La respuesta del gobierno en auxilio de las autoridades locales debía aplicar la fuerza pública y también era necesario atender otros aspectos del problema para que los resultados sean integrales.

Por eso la Estrategia Nacional de Seguridad consta de cinco componentes: 1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional.

Sólo el primer componente implica el uso de la fuerza pública y se concentra justo en las regiones más complicadas. Como nunca antes, las instituciones de seguridad se están transformando. Hoy los servidores públicos debemos aprobar exámenes de control de confianza y no sólo eso, además se han enviado al Congreso iniciativas de enorme profundidad para dar viabilidad de largo plazo a la Estrategia. Por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal, que no sólo mejorará el proceso de procuración de justicia sino que, con el trabajo conjunto entre los poderes de la Unión, dará plena vigencia al debido proceso y lo hará con mayor eficiencia en la atención de los casos.

Se ha mejorado la cobertura educativa y la seguridad social, especialmente en lo que hace a salud, y cada día se trabaja en la detección temprana de las adicciones, entre otros, mediante los más de 300 Centros Nueva Vida creados por esta administración en todo el país. En ellos se brinda asesoría gratuita y profesional para toda la población, especialmente la infantil y juvenil.

Aunque el despliegue de la fuerza pública sea el elemento más evidente o el que más fácil se asocia al combate a la delincuencia organizada, es claro que no es el único. Con ello sólo se contiene y debilita a los criminales, lo cual es indispensable. Pero también es necesario profundizar el resto de los esfuerzos emprendidos por el Gobierno federal para resolver el problema desde la raíz.

Por Alejandro Poiré Romero